La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes alertó que la eventual sanción de la ley nacional sobre "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales" podría afectar de manera considerable a la producción.

Según la coordinadora, integrada por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Asociación Forestal Argentina, la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (Apnea) y Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC), de aprobarse la norma afectaría la actividad en el 50% de Corrientes.

"Adopta una definición amplia de humedales incluyendo superficies no cubiertas por agua, lo cual implica para la provincia de Corrientes el 50% de su territorio. Incluye en la definición conceptos como presencia temporaria.de agua superficial o subsuperficial y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo, que conlleva a incluir erróneamente a grandes planicies anegables y valles totalmente productivos", indicó la coordinadora en un comunicado que también contó con la adhesión de la Sociedad Rural Argentina (SRA), CRA, la Federación Económica de Corrientes y la Asociación de Productores Molineros de Yerba Mate de Corrientes.

"En Corrientes estas planicies anegables hidromórficas representan 1.700.000 has, casi el 20% del territorio. En Buenos Aires podría interpretarse que abarcan el 45% de su territorio (14.000.000 has)", agregó.

Entre otros puntos, de acuerdo a la coordinadora el proyecto de ley propone un mecanismo de clasificación por cartografía "que rigidiza el análisis de los casos prediales sin considerar la presión sobre la unidad de paisaje".

Además, "no contempla a la ganadería actual de modo explícito ni actividades preexistentes". Otro punto objetado es que "no promueve criterios de obras y acciones para regulación de crecientes y evitar inundaciones, al contrario, propicia el enfoque de no hacer, motivo principal de los últimos episodios de inundaciones".

"Podría limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe, particularmente a nivel de predios", indicaron las entidades. "Su tono restrictivo, corresponsabilidades y sistema de multas pondrá a los funcionarios en una actitud aún mas reticente hacia la autorización de proyectos, los profesionales que deban intervenir pedirán más estudios para prevenirse y los propietarios tendrán menos disposición a desarrollar iniciativas", agregaron.

Para la coordinadora, esta norma "facilita y promueve la oposición de la visión ecologista sesgada a proyectos productivos y de infraestructura públicos y privados que puedan plantearse".