El ruido de la planta faenadora apenas se escucha desde los portones de acceso sobre la avenida Fair, en Ezeiza. Pasado un rato, dos camiones salen del interior y se pierden en el tráfico. Son la prueba fiel de que la planta avícola Cresta Roja está funcionando. Sin embargo, la empresa emblema de la "reactivación laboral" elegida por Mauricio Macri para anunciar el veto a la ley antidespidos aún no consigue hacer pie.

"Cresta Roja es un símbolo de que sí se puede." A 24 horas de que la Cámara de Diputados sancionó la ley de emergencia ocupacional, el escenario elegido para anunciar el veto era el de la reactivación. A cuatro meses del acto de reapertura y la presentación de una incipiente recuperación, unos 1800 trabajadores fueron reincorporados. "Los de afuera" todavía son casi 900 operarios y amenazan con reactivar las protestas.

"El plan que tuvimos siempre es recomponer una empresa devastada. Habíamos asumido el compromiso de tener para julio 1200 trabajadores adentro y tenemos 1800", dijo a LA NACION Santiago Perea, gerente de Ovoprot, una de las operadoras de Cresta Roja. Perea aseguró que la producción diaria es de 200.000 pollos.

Tres semanas atrás, 120 trabajadores bloquearon durante todo un día todos los portones de acceso. Consiguieron así que el gerente de la operadora se acercara con la promesa de incorporarlos esta semana. Sin embargo, son 900 los trabajadores de la planta, que supo ser la segunda productora de pollos del país y controlar casi el 15% del mercado interno, que todavía no encuentran respuestas.

"La mayoría de nosotros tiene familia, alquila su casa. Nos dan $ 6000 por mes, pero no nos alcanza. Perdimos la paciencia, queremos recuperar nuestra fuente de trabajo", dijo a LA NACION Joel, que trabajó desde 2005 hasta el año pasado en la fábrica. El ingreso que recibe, al igual que los otros trabajadores desempleados, forma parte del Repro, el programa de asistencia del Ministerio de Trabajo para empresas en crisis.

Ninguno de los 900 trabajadores estuvo en el acto de Macri en abril. "Yo sentí mucha bronca, para mí fue una cargada. Vino a vetar una ley e hizo una pantalla acá, dijo que se podía reconstruir el país y acá no se reconstruyó nada. Nos usó, hizo política con nosotros", dijo Joel.

Los reincorporados, por su parte, denuncian que las condiciones de trabajo se deterioraron. "Lo que antes hacían tres compañeros ahora lo hace uno. Se terminaron los quince minutos de tolerancia y no nos pagan los feriados", aseguró Sebastián, un operario de la planta. Además, los trabajadores en funciones debieron resignar un 30% de su salario y perdieron la antigüedad laboral.

Perea rechazó que las condiciones laborales sean peores y aseguró que "hay menos gente trabajando porque hay menos pollos, la ecuación es simple". Además, dijo que el ausentismo laboral "era del 35% hasta el año pasado y ahora no llega al 2%".

Los ex empleados afirman que el Sindicato de la Alimentación y los delegados de la planta les "soltaron la mano". LA NACION intentó comunicarse con los delegados, pero se negaron a hacer declaraciones.

La Justicia convocó hace dos semanas a una licitación para el 16 de octubre. El resultado será que la empresa, cuyo precio base es de US$ 110 millones y es operada ahora por un consorcio, tendrá nuevo dueño. En la licitación que lanzó la jueza Valeria Pérez Casado se consignó que quien la gane debe asumir el compromiso de incorporar a los ex trabajadores de Rasic Hermanos.

La avícola tuvo su década ganada con el kirchnerismo. Se benefició de una política de subsidios y de los negocios con el chavismo. Por cada tonelada de pollo que exportaba a Venezuela recibía un subsidio de US$ 650 y obtuvo millonarios créditos del bicentenario. En el expediente judicial se recabó que en 10 años recibió del Gobierno cerca de $ 26.000 millones. Cuando el precio del crudo se desplomó, el esquema entró en crisis y Rasic no pudo colocar más sus pollos en Venezuela.

La CGT, camino a reunificarse

Hoy se realizará en el estadio del club Obras Sanitarias el congreso que sellará la unidad en la CGT, hasta ahora partida en tres sectores. La unificación se sellará con la asunción de un triunvirato de conducción que estará integrado por Héctor Daer, por la CGT "oficial", de Antonio Caló; Juan Carlos Schmid, por la CGT Azopardo, que encabeza Hugo Moyano, y por Carlos Acuña, de la CGT Azul y Blanca, que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo.