Un caso que se le reprochará al kirchnerismo, por Joaquín Morales Solá

La Nación 28/12/2011 | 08:10 (actualizado hace 978 días)

El caso de Marcela y Felipe Noble Herrera ha sido políticamente cerrado por la única persona interesada de verdad en sus identidades: Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo...

Durante 15 años, esos jóvenes, que ya tienen 35 años, se vieron sometidos a una tenaz persecución y a una inhumana exposición pública de sus intimidades. Fueron una excepción, una pésima excepción, porque no hay otro caso que haya atravesado, como el de ellos, semejante acoso judicial y político. Aun ahora, la Justicia se niega a cerrar el voluminoso expediente abierto y resulta, otra vez, funcional a los intereses de los que gobiernan.

La investigación fue siempre consecuencia de una conjetura. Los hermanos Noble Herrera nacieron en 1976 y fueron adoptados por su madre, la directora de Clarín. Ya sea con fines de extorsión económica o política, lo cierto es que a partir de ese dato se construyó la hipótesis, luego convertida en certeza, de que eran hijos de desaparecidos. La inferencia fue aprovechada durante el gobierno de Carlos Menem, pero se agravó hasta el escándalo con el kirchnerismo.

Tres entregas de material genético por parte de los hermanos (dos de manera compulsiva) resultaron insuficientes para establecer que no tenían vínculos de sangre con personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Tres jueces federales (Roberto Marquevich, Conrado Bergesio y Sandra Arroyo Salgado) investigaron durante años para no llegar nunca a ningún lugar. Testigos reiterados que giraban sobre las mismas preguntas y documentos que eran siempre idénticos llenaron espacios sin una conclusión final.

Nadie puede negarle al kirchnerismo el mérito de haber convertido a la política de derechos humanos en una política de Estado. Esto es: la revisión y el rechazo de los métodos inhumanos del régimen militar de los años 70 no podrán ser modificados por futuros gobiernos. La sociedad argentina acompañó, y acompaña, esa política desde que conoció los horrores cometidos en nombre de un Estado uniformado y autoritario.

Sin embargo, también la historia le reprochará al kirchnerismo el uso político de los derechos humanos, la visión sesgada de la tragedia de muerte y sangre de los años 70 y la inculpación de inocentes por el solo hecho de haber vivido bajo una dictadura. El poder llegó al absurdo de considerar cómplice de delitos de lesa humanidad a todo aquel que no haya formado parte de la insurgencia armada, que no haya estado exiliado durante la dictadura o que no haya muerto o desaparecido en aquellos años sin piedad. Siempre, desde ya, que no militen en el actual kirchnerismo.

La madre de Marcela y Felipe, Ernestina Herrera de Noble, fue encarcelada por el juez Marquevich por haber cometido un presunto delito que, según se sabe ahora, nunca existió. Los propios jóvenes fueron sometidos a la vejación, detenidos en la vía pública y obligados a despojarse de sus ropas más íntimas delante de funcionarios judiciales y policiales. El kirchnerismo adoctrinó a su juventud para que coreara en actos públicos un eslogan, "Devuelvan a los nietos", que se convirtió en el santo y seña de una guerra política que careció siempre de la buena intención de encontrar la verdad.

La madre fue llamada ofensivamente "apropiadora" durante años. La propia Cristina Kirchner se comprometió públicamente, hace cerca de dos años, a acompañar a las Abuelas de Plaza de Mayo hasta la Corte de San José de Costa Rica para establecer una verdad que, según la Presidenta, la justicia argentina no quería encontrar. Las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron una excepción con este caso, porque en todas las otras investigaciones se preservó el nombre de los hijos de desaparecidos hasta que se constató que lo eran. La difusión pública se hizo sólo cuando se contó con la aprobación explícita de los jóvenes identificados. Los hermanos Noble Herrera no tuvieron opción: desde el principio, sus vidas privadas fueron cruelmente expuestas, al mismo tiempo que eran sometidos a un incesante martilleo de falsas certezas ajenas sobre sus nacimientos.

Se ha dicho que el caso tomó notoriedad pública porque los hermanos se negaron a entregar sus datos genéticos. No es cierto. Hubo otros casos similares que permanecieron en el anonimato y que sólo conocieron la luz pública cuando debió decidir la última instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia. Incluso, Estela de Carlotto subrayó, cuando dio por cerrado el caso, que le llamó la atención que los jóvenes decidieran de pronto entregar sus materiales genéticos al organismo establecido por la Justicia cuando antes se habían negado a hacerlo. La decisión de los jóvenes Noble Herrera, la más acertada posible en medio de un proceso escandaloso, no fue sorprendente. Y tiene una explicación: simplemente estaban cansados.

La actual jueza de la causa, Arroyo Salgado, anda todavía averiguando si alguien sabe quiénes son los padres de esos hermanos. Los datos genéticos no coinciden con ninguna de las huellas genéticas que existen de desaparecidos durante la última dictadura militar. ¿Qué más quiere saber la magistrada? El proceso de entrecruzamiento de datos fue apresurado por la Justicia en el primer tramo, el que correspondía al año de nacimiento de los hermanos. Luego, cuando la comparación debía abarcar los años en que ellos ya habían sido adoptados por su madre y, por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que el resultado fuera positivo, el trámite se demoró inexplicablemente. "El resultado no debía conocerse antes de las elecciones del 23 de octubre", confió un funcionario judicial.

El proceso político al que fueron sometidos los hermanos Noble Herrera y su madre llegó a confundir a las víctimas con los victimarios. Organismos de derechos humanos dijeron que los hermanos habían pasado de ser víctimas a cómplices de la dictadura por su renuencia a los análisis genéticos. ¿Cómplices de qué o de quiénes? Aun cuando hubieran sido hijos de desaparecidos (el momento de su nacimiento permitía cualquier arbitrariedad, incluso en la Justicia de la época), nada los hacía víctimas ni cómplices. Por el contrario, el Gobierno y la Justicia los hubieran convertido, en tal caso, en víctimas repetidas de la brutal historia argentina.

No son hijos de desaparecidos, pero siguen siendo víctimas porque perdieron el derecho a disponer de la privacidad de sus vidas. Ese derecho, elemental para cualquier ser humano al que le tocó vivir en libertad, no lo recuperarán nunca más.