A una semana de disponerse la eliminación del diferencial en retenciones para los derivados industrializados de la soja, la cámara que nuclea a los empresarios del sector irá este mediodía a la Casa Rosada con el difícil desafío de negociar algún tipo de atenuante.

El primer dato con el que se encontrarían los directivos de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) no sería en línea con lo que esperan. Porque en vez de recibirlos el Presidente de la Nación, tal como solicitaron, los atendería el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, junto con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

La pretensión de que los reciba Macri no es sólo una cuestión de jerarquía. Lo más relevante es que el primer mandatario se ha mostrado como el más convencido en sostener la baja progresiva de las retenciones, que en el caso del aceite y la harina de soja ahora quedarían frenadas en 23% hasta febrero. Está claro que la resolución instrumentada por el ministerio de Hacienda fue asumida por todo el Gobierno, pero mientras varios funcionarios realizaron declaraciones públicas para justificarlas, el Presidente fue mucho más escueto sobre el tema.

Sean quienes sea quienes actúen de anfitriones, la reunión se anticipa cordial pero de fuertes cruces argumentativos. Desde Ciara consideran que "el nuevo escenario afectaría la recaudación fiscal que se ha proyectado; así como la menor capacidad de compra de la agroindustria y la elevación de la capacidad ociosa del principal complejo oleaginoso del mundo, estimulando indirectamente la primarización de la agroexportación al exportarse con menos valor agregado".

Como consecuencia, agregaron, "la medida paraliza las nuevas inversiones del sector agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo".

Los funcionarios responderían con dos ejes argumentales. Por un lado esgrimirían que "eliminar ese diferencial es un reclamo histórico de los productores". En ese sentido, consiguieron el apoyo de entidades como Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El otro criterio que se utilizaría para justificar la medida es la suba del dólar. El salto del tipo de cambio que favorece a los exportadores, denominado “overshooting” (salto más allá de lo esperado) es sin embargo una explicación coyuntural, porque la historia económica argentina enseña que los efectos devaluatorios duran bastante menos tiempo que lo que rigen los derechos de exportación.

Con todo, esta en juego no sólo la medida en si misma, sino el horizonte de claridad y confianza que se establezca hacia delante. Porque ambas partes se necesitan: el gobierno para contar con las divisas que, desde este sector agroindustrial, han llegado y pueden seguir aportándose para paliar el déficit fiscal y la inestabilidad cambiaria. Los agroindustriales requieren contar con la previsibilidad necesaria para seguir funcionando y eventualmente seguir invirtiendo, otra cualidad que en el Gobierno ponderan en público.