RÍO GRANDE. Por ello, exigieron la Secretaría del Campo (Secampo) destinar recursos para que los apicultores de la entidad se puedan certificar.

Andrea Luévano Soler, apicultora desde 2018, explicó que la asociación está conformada por 200 productores de Jerez de García Salinas, Juan Aldama, Tlaltenango de Sánchez Román, Villa García, Guadalupe y Pinos.

La certificación para los apicultores de miel orgánica rebasa los cien mil pesos, recurso que es imposible pagar en un año, ya que “de un kilo de miel se obtienen 55 pesos, por lo que en un año, si bien nos va, le sacamos más de 6 mil 500 pesos a cien colmenas, que son las que yo tengo”, explicó.

“Los intermediarios nos pagan lo que ellos quieren, de no ser así tendríamos mejores precios. […] Nos cobran una cantidad jugosa para llevar la miel a otros países”.

Asimismo, detalló que la situación los obligó a conformar diversas asociaciones, para hacer frente al coyotaje, pues “son los que nos desaniman porque se llevan la miel hasta 30 pesos más barata”.

Muerte de abejas

Además del bajo costo al que los apicultores tienen que vender su producto se suma el problema de la extinción de abejas, debido al uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas por parte de productores agrícolas.

“El riesgo está con los mismos productores agrícolas, […] no los enseñan a fumigar y matan colmenas. […] Ya hablamos con la Secampo para que les enseñen a usar fumigadores”, enfatizó Luévano Soler.

Precisó que la matanza de abejas en la entidad no representa un riesgo para la apicultura, pues hay potencial para abarcar la producción en los 58 municipios.

Sin embargo, lamentó el desinterés de la población por el producto, pues “es muy raro que usted llegue a una casa y encuentre miel […] es más fácil encontrar el envase de Coca Cola”.