“La delimitación de zonas de amortiguamiento depende de los objetivos que se persiguen y de las características de cada localidad”, dice el documento presentado ayer por el Gobierno nacional como punto de partida para establecer regulaciones a la aplicación de fitosanitarios.
El trabajo interdisciplinario que elaboraron los ministerios de Agroindustria y Ambiente, con el respaldo de los de Salud y de Ciencia y Tecnología, deja abierta la discusión sobre los metros que deben tener los espacios de restricción y las zonas de amortiguamiento, una disyuntiva que en los últimos años se ha definido en algunos municipios con dimensiones muy diversas, en algunos casos con mucha polémica.
Ese criterio abierto, como señal de amplitud para un debate que ahora se abrirá por 30 días incluso por internet, y que luego iría como proyecto de ley al Congreso, fue defendido por Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), Sergio Bergman (Ambiente) Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Adolfo Rubinstein (Salud) en el marco de 12 principios y 23 recomendaciones que ponen el foco en fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el monitoreo público-privado para cuidar la salud de la población y el ambiente.
La distancia de ambientes que requieren especial protección “no es esencial sino que depende de otras consideraciones, como el tipo de producto y las condiciones meteorológicas”, reza el documento, donde se destaca varias veces que el marco regulatorio sobre aplicaciones debe realizarse “sobre la base de información científica y tecnológica relevante”.
En su rol de anfitrión, porque la conferencia se realizó en la sede de Agroindustria, Etcheveherese destacó “la sinergia entre los diferentes equipos del gobierno, en los que todos los involucrados nos sentamos en una mesa y acordamos aquellos principios fundamentales que deben regir para la producción sostenible".
En efecto, entre las consideraciones generales, los ministros consensuaron que “la finalidad es armonizar el desempeño económico de las producciones ubicadas en ellas con otros intereses de la sociedad”. Y entre los 12 principios establecen que las políticas públicas deben asegurar la producción sostenible, o sea una actividad productiva con cuidado de la salud de las personas, del ambiente y de los servicios ecosistémicos… con equilibrio entre el ambiente y la actividad humana para satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Bergman abogó por “la interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia en cuanto a tener producción cuidando el desarrollo para salir de la pobreza, asumiendo estos debates de manera proactiva".
Desde Salud, Rubinstein manifestó su “compromiso técnico, principalmente desde la vigilancia epidemiológica en todas las instancias que requiera este proceso. Y Barañao, tras remarcar que “los cultivos necesitan de los fitosanitarios como los humanos de los antibióticos y todo es cuestión de dosis y formas de uso, porque uno se puede morir hasta tomando agua en cantidad”, señaló que "Argentina es muy dependiente de la agricultura para el buen desenvolvimiento de su economía, así que el desarrollo de estas capacidades es fundamental”, con un “rol clave del Estado no sólo en la formulación de políticas públicas adecuadas sino por su función de monitoreo y control”.
Dentro de las reflexiones finales, se destacó importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales. Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios, con actualización de la información y permitiendo fortalecer el sistema de control.
Al respecto, se promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas, de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas, con beneficios derivados de asumir esa responsabilidad, por ejemplo, mediante la instalación de sensores y estaciones, fiscalizadores, tecnología online, reconocimiento oficial de certificación participativa de buenas prácticas, articulación con los municipios para el diseño de regulaciones, acceso a financiamiento preferencial, etcétera).
