La democracia moderna nació al calor de un debate sobre impuestos. La política nacional ha vuelto a ingresar, a partir de la crisis financiera, en ese campo de batalla. Y comienzan a advertirse las primeras disidencias. No solo aflora un conflicto de Cambiemos con el peronismo. También se insinúa un disenso en el seno de Cambiemos. El radicalismo vuelve a formular, por ahora con sigilo, diferencias con la política económica.

A la sombra del Comité Nacional funciona un equipo de economistas que aspira a debatir con el Poder Ejecutivo la estrategia para salir de la tormenta. La ampliación de la mesa de decisiones que conduce Marcos Peña, igual que el diálogo con los opositores, no derivará en un contrato de adhesión. Es natural. La ecuación de poder ya no es la misma.

La divergencia actual se había anticipado durante la reunión que el lunes 7 Macri celebró con las principales figuras de Cambiemos. Esa tarde, el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, reclamó un reemplazo del modelo económico por otro con un tipo de cambio más competitivo. Macri rechazó la sugerencia, explicando la baja tolerancia de la sociedad a la devaluación de la moneda. Ese día el dólar había cerrado a $22,50. La mañana siguiente ese cruce fue eclipsado por otra noticia: el Gobierno anunció que recurriría al Fondo Monetario Internacional.

El radicalismo mantuvo la distancia. Y desde hace una semana la expresa de manera sistemática. Macri repuso las reuniones de análisis político y volvió a recurrir a Emilio Monzó y Ernesto Sanz. Esta vez hay, sin embargo, una diferencia. El dirigente radical no asiste a título personal, sino con un mandato partidario otorgado por Cornejo y por Gerardo Morales, el vicepresidente de esa fuerza.

En el encuentro que ese equipo político, encabezado por Macri, realizó anteayer, Sanz transmitió una preocupación de su partido por la orientación del ajuste fiscal. El Presidente está enfocado en recortar los gastos del Estado. O, para ponerlo en sus términos, "de la política". Lo obsesiona, por ejemplo, recortar el presupuesto del Congreso. Macri jamás revelará su convicción más íntima. Pero, si se lo hipnotizara, confesaría que Wall Street lo castigó por su excesivo gradualismo fiscal. Esta es la premisa mayor de su reacción frente a la crisis. Sobre ella se modelan las medidas de Dujovne.

Sanz, en cambio, expuso otro criterio. Su partido pretende ampliar el debate más sobre el presupuesto. Examinar, por ejemplo, los subsidios que benefician a muchas actividades económicas. Esta controversia se está desarrollando ya en Brasil. El prestigioso Arminio Fraga señaló hace poco que el déficit fiscal de su país es de 5% del producto. Y que la mejor forma de atacarlo es reducir los beneficios al sector privado. Allí los llaman "la beca de los empresarios". Para Fraga alcanzan 7% del producto. En la Argentina esas subvenciones son menores. Pero habilitan negocios escandalosos con impuestos. El más notorio es el de la importación y ensamblado de electrónicos, en el que opera el alter ego de Macri, Nicolás Caputo. El Gobierno avanzó y retrocedió sobre muchos de estos privilegios durante el tratamiento de la reforma tributaria. Nadie sabe si recuperará esa iniciativa en la lucha contra el déficit.

Esta diferencia de criterio sobre cómo realizar el ajuste es anecdótica respecto de la discusión, mucho más relevante, sobre los orígenes de la crisis. Todo el mundo reconoce que la economía está dañada por dos desajustes. El déficit fiscal, que expresa la necesidad de financiamiento del sector público, y el déficit de cuenta corriente, que supera 5% del PBI, y engloba también las necesidades de financiamiento del sector privado. Macri está convencido de que el segundo se explica por el primero. Es decir: el Estado gasta mucho más de lo que recauda; para saldar esa diferencia, y en ausencia de un mercado de capitales local, se endeuda en el exterior; ese endeudamiento produce un ingreso de dólares que retrasa el tipo de cambio, y produce un desbalance en la cuenta corriente. Si se corrige el déficit fiscal, se corrige el déficit de cuenta corriente.

En consecuencia, el eje de la salida de la crisis pasa por el Ministerio de Hacienda. El enigma principal es, entonces, qué parte del préstamo que otorgue el Fondo estará disponible para el Tesoro. Macri sueña que el monto será de US$30.000 millones, como mínimo.

En el radicalismo predomina otro diagnóstico. Quien lo expuso con mayor amplitud fue Pablo Gerchunoff en la entrevista que le realizó Diego Genoud en este diario. Gerchunoff sostiene que la solución fiscal es secundaria. Y que el déficit de cuenta corriente tiene su raíz en un problema cambiario y, en el fondo, en una estructura improductiva que desalienta las exportaciones.

Esta visión es complementaria de la de otros profesionales críticos del enfoque general del Gobierno. El más notorio, por el protagonismo que tuvo durante el primer año de gestión, es Alfonso Prat-Gay. Para él, la dificultad más severa es el déficit de cuenta corriente, que se origina en una política monetaria desacertada: las altas tasas de interés atrajeron capitales especulativos de corto plazo, que retrasaron el tipo de cambio, provocando una gran caída en las exportaciones. Quienes entienden que la excesiva apreciación del peso no tiene una conexión directa con el desequilibrio del Tesoro, alegan: 2017 fue un año en el que más disminuyó el déficit fiscal y más se agravó el de cuenta corriente.

Según esta lectura, el oficialismo debería liberar el tipo de cambio, resignarse a una inflación más elevada y enfocarse, como pueda, en el nivel de actividad. Para Macri es un camino aterrador: cuanto más alta sea la inflación, mayor serán los niveles de pobreza. En su despacho tiene un cuadro de equivalencias entre esas dos variables. Le contestan los heterodoxos: si a las tasas de interés exorbitantes, a la corrección del tipo de cambio, y al ajuste del salario real, se le agrega un torniquete en el gasto público, la pobreza se disparará por la recesión.

Quienes ponen énfasis en el desbalance de la cuenta corriente señalan a Federico Sturzenegger como uno de los responsables de la crisis. Sturzenegger fue, al menos por ahora, convalidado por Macri. ¿Alcanza con su ratificación?

Ayer se discutió dentro del Gobierno, con poco éxito, el dictado de un decreto para que el presidente del Banco Central solo pueda ser removido con dos tercios del Senado. Para algunos funcionarios sería una exigencia del Fondo Monetario a favor de la independencia de esa institución. Para otros, una sugerencia de amigos de Sturzenegger a las autoridades del Fondo Monetario Internacional.

Para calibrar el debate sobre los orígenes y remedios de la tormenta financiera conviene localizar bien a los polemistas. Gerchunoff es un inspirador lejano del radicalismo. Prat-Gay tiene muchísimo menos contacto con la dirigencia de ese partido que el que le atribuye el Gobierno. Se puede decir lo mismo de Martín Lousteau, quien también advierte que el capítulo fiscal es secundario para una explicación general de las dificultades.

La usina del planteo que la UCR comienza a realizar dentro de Cambiemos es un grupo de economistas coordinado por Eduardo Levy Yeyati. Curioso: fue el último asesor del candidato Daniel Scioli.

De ese club participan José Luis Machinea, Oscar Cetrángolo, Ricardo Carciofi y Alejandro Einstoss, entre otros. Algunos de estos profesionales son funcionarios o están cerca del gabinete.

Cornejo se comunicó con Macri para adelantarle que invitarán a Dujovne para discutir la dinámica del ajuste.

La existencia y la expresividad de este gabinete económico del Comité Nacional de la UCR son un desafío para Macri. El Presidente tiene la cultura de poder que abrevó en Socma, donde la existencia de socios estaba descartada. Trasladó ese enfoque a Boca: allí eliminó de los estatutos el derecho de la oposición a participar de la comisión directiva. Cambiemos fue conducido de la misma manera.

Por eso la noticia fue que Monzó y Sanz regresaran a la mesa. A nadie le había llamado la atención que, antes, se los excluyera.

La nueva escena económica impone a Macri registrar a los aliados. Todavía no se sabe qué hará con sus disidencias. Aunque sigue reprochando a los radicales que, al abrir el debate sobre las tarifas energéticas, alentaron la rebelión del peronismo. El PJ ya no necesita de ese estímulo.

Los gobernadores creen que la inflación y la caída del nivel de actividad, garantizada por tasas del 40%, achicaron el desierto que pensaban transitar. Ahora fantasean con las presidenciales de 2019. Ese objetivo ordena su estrategia fiscal.

Por eso exigen al Gobierno que concentre el ajuste en el área metropolitana. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es una visión territorial del ajuste. Y es, desde el punto de vista electoral, correcta.

En medio de la crisis, el gran activo de Macri sigue siendo el control del feudo bonaerense.

Por: Carlos Pagni