La controvertida decisión de la jueza María Servini de Cubría de intervenir el consejo nacional del PJ y poner al frente de ese órgano al gremialista Luis Barrionuevo como "interventor normalizador" profundizaría la fractura en la principal fuerza opositora. Lo ha dado a entender el propio representante de los trabajadores gastronómicos, quien aseguró que, desde la intervención del partido, convocará a todos los sectores peronistas, pero no al kirchnerismo, que en su opinión solo busca usar al PJ como madriguera.

Pero los problemas del peronismo van más allá de su intervención judicial. Uno es filosófico: ¿cuántos peronistas creen en la utilidad del partido y en la democracia interna? Otro es de orden práctico: dividida, esta fuerza política tendrá menos chances de competir con éxito en las elecciones presidenciales de 2019, y unida en torno de Cristina Kirchner podría allanarle aún más el camino electoral a Cambiemos. ¿Un laberinto sin salida?

Otra amenaza que aflige a no pocos peronistas bonaerenses es la posible pérdida de poder territorial. La gobernadora María Eugenia Vidal tiene intenciones de avanzar hacia un acuerdo fiscal en la provincia, basado en un criterio de responsabilidad de cada intendencia a la hora de recibir recursos. Esta concepción para la distribución de fondos podría perjudicar a intendencias que han elevado ostensiblemente su dotación de empleados pese a que cada vez recaudan menos. Fuentes del macrismo aseguran que han encontrado municipios gobernados por el peronismo que, pese a tener indicadores socioeconómicos muy semejantes, con altos niveles de pobreza, difieren notablemente en cuanto al porcentaje de ciudadanos que pagan impuestos municipales: en unos paga la cuarta parte de los que deberían pagar y en otros paga menos de la décima parte. La dependencia del poder central de la provincia en un año electoral podría ser un dolor de cabeza para no pocos líderes territoriales justicialistas.

Cambiemos gobierna 540 municipios en todo el país y sus dirigentes se proponen llegar a 1000 en 2019. En la provincia de Buenos Aires, tiene 69 intendentes sobre 135 y aspira a llegar al centenar. Con el manejo del aparato provincial y el nacional, no es una utopía. No por nada, Mauricio Macri le pide no menos de una vez por mes a su primo Jorge, intendente de Vicente López y secretario de gobiernos locales de Cambiemos, un detallado informe en el que se califica a cada intendente de la coalición. Para 2019, todo dirigente del macrismo que quiera postularse a jefe comunal deberá asistir a una escuela de intendentes y rendir examen. Un indicador de que el oficialismo posee un proyecto de poder que tiene en la mira algunos de los principales bastiones de un peronismo cuya bifurcación facilitaría esos planes.