En medio de la discusión sobre la situación del agro y las movilizaciones, emergió -principalmente desde el oficialismo- un cuestionamiento a los costos de los arrendamientos, como parte del problema sectorial. El planteo está equivocado: el alto valor de la tierra y de las rentas es síntoma de un agro negocio pujante y en expansión. Cuando las cosas marchan bien las rentas suben; cuando andan mal -como ahora- bajan.

Por supuesto, el mercado de arrendamientos rurales tiene sus vaivenes, como todos los mercados. En su momento, la expansión agrícola elevó las rentas a niveles que a otros rubros (ganadería, lechería) les fue difícil sostener. Pero la producción es dinámica y el uso de la tierra se fue acomodando a los nuevos tiempos. Notoriamente, asistimos ahora a una reversión parcial de aquella tendencia, con un ajuste a la baja en los valores de las rentas. Las áreas agrícolas se retrajeron y liberan paulatinamente área para otros rubros (ganadería, lechería).

El precio medio de los arrendamientos (según DIEA-MGAP) bajó casi 40% desde su pico máximo (ver gráfica). Según sondeamos, un campo ganadero de IP 80 puede arrendarse a un entorno de 70 U$S/ha (muchos contratos se hacen en kilos de novillo). Es un ajuste a la baja de algo más de 10% respecto al año pasado. Por supuesto, hay amplia variación, caso a caso. Y hablamos de dólares, moneda que perdió poder adquisitivo: en pesos deflactados por IPC, hoy la renta promedio está a niveles similares a los de 2006.

Lo que subyace en el mencionado cuestionamiento es que hay determinados “dueños de la tierra” que también deberían hacer un esfuerzo en bajar las rentas que perciben, más allá del costo del gasoil, la energía eléctrica o los impuestos.

Pues bien: las rentas bajaron ostensiblemente. Pero además, poner todo en el mismo nivel no tiene asidero.

Querer equiparar los arrendamientos con otros costos, es no entender la producción

Quienes invirtieron en tierras (profesionales uruguayos, productores, fondos locales, extranjeros), lo hicieron como inversión atractiva por su seguridad y por una proyección auspiciosa de largo plazo (que aún mantiene). Pretenden un retorno por la inversión y si la tierra se valoriza (porque la demanda por sus productos aumenta) mejor: las rentas serán mayores, tal como pasó durante la expansión agrícola.

Otros compraron a precios muy elevados y no hicieron buen negocio, porque las rentas ahora bajan. Pero ¿Qué tiene esto que ver con el gasoil y la electricidad cara, por encima de parámetros de costos razonables, que tenemos en Uruguay? Nada.

Claro que para el arrendatario todo es costo: la tierra, las transacciones, insumos, etc.. Pero la discusión (y los reclamos del sector) no son por todos los costos, sino por aquellos que consideran ilegítimos, debido a un gasto estatal excesivo y dispendioso.

En el agro, es bien sabido, los costos directos de producción y el costo de la tierra acompañan rápidamente a los precios de los productos: cuando estos suben, aquellos también. La excepción son los impuestos y tarifas de monopolios estatales, que hoy son vehículos de recaudación.

Esto impacta no solo a los productores: los transportistas de ganado, granos leche, madera (que hacen los fletes a los productores chicos y grandes) tienen un notorio sobre costo de combustible. Las agro industrias deben sobrellevar costos cada vez más pesados, directos e indirectos.

El problema de la producción del campo no es el alto costo de los arrendamientos. Es el alto costo de producir en Uruguay, y la transferencia de recursos que -vía tipo de cambio, impuestos y tarifas- se extraen del agro para otros sectores, sin una “devolución” suficiente a quienes generaron el valor.