El presidente Mauricio Macri abrirá hoy el 136° período de sesiones ordinarias del Congreso y pronunciará ante la Asamblea Legislativa un discurso de unos 40 minutos, en el que se referirá a los proyectos de ley que impulsará este año, como la reforma laboral, el financiamiento político y la normativa de mercado de capitales.

La ceremonia de apertura será, a las 11, en el recinto de la Cámara de Diputados. Si bien en la Casa Rosada todos los voceros oficiales aseguraron que el contenido del discurso está "guardado bajo siete llaves", Macri enviaría un mensaje cargado de señales conciliadoras hacia el Congreso.

Según pudo saber LA NACION, hablará de seguir apostando al mediano y largo plazo, a la institucionalidad y a desregular para que la gente viva mejor. No se esperan grandes anuncios sobre proyectos de ley nuevos, aunque siempre quedará margen para posibles sorpresas.

Una de las líneas discursivas será convocar al Parlamento a establecer su propia agenda legislativa, con proyectos que surjan desde el Congreso, y no tanto desde el Poder Ejecutivo. En esa intención se inscribe la habilitación del oficialismo a debatir la ley de despenalización del aborto, que Macri no comparte, pero que reconoce necesario debatir.

El Presidente buscará estrechar lazos con los bloques parlamentarios de la oposición luego de la crisis que generó en el Congreso la sanción de la reforma previsional en diciembre. Pero también ratificará el rumbo económico y el gradualismo fiscal, y defenderá la gestión con las estadísticas de sus ministerios.

Es posible que durante el tradicional informe del estado de la Nación enumere diversos índices favorables de la economía: crecimiento, reducción del déficit, empleo, rutas, autopistas, vivienda, agua potable, cloacas, inversiones, pobreza, salarios, financiamiento externo a bajas tasas, y reinserción "inteligente" en el mundo con la presidencia pro tempore y la organización de la cumbre del G-20 para fin de año.

En todos los casos, Macri podría subrayar que falta mucho camino por recorrer, pero reforzará el compromiso para combatir la inflación, reducir la pobreza y crear empleo.

La vicepresidenta Gabriela Michetti y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, abrirán la sesión a las 10, los miembros de ambas cámaras formarán las comisiones de recepción, y darán la bienvenida al Presidente.

Reformas

Macri repasará las reformas que lleva adelante el Gobierno, entre ellas, el recorte del 25% de cargos políticos en la administración pública y las modificaciones en la carrera del empleo público.

Si bien les adelantará a los legisladores los proyectos de ley que cree necesarios sancionar, no serán grandes anuncios o proyectos fundamentales, según trascendió de diversos voceros de la Casa Rosada consultados por LA NACION.

De todos modos, sobre la reforma laboral, frenada por el justicialismo en el Senado, podría subrayar un aspecto que tiene consenso mayoritario, como el blanqueo laboral y la formación para los trabajadores, que tienen el visto bueno de un sector de la CGT y podrían subdividirse en diversos proyectos.

En materia de reforma política, se espera que haga hincapié en el debate con ONG, jueces y partidos políticos para llegar a un consenso y diseñar nueva ley de financiamiento político. El punto central es que permita que las empresas puedan financiar a los partidos, con topes, en un marco de transparencia y reglas claras. También podría instar a retomar el debate frenado por el PJ en el Senado sobre la reforma electoral con boleta única electrónica.

Como mecanismo para promover las inversiones, el Gobierno tiene fuerte interés en los proyectos de compre nacional y de financiamiento productivo, conocida como ley de mercado de capitales.

También se especula en la Casa Rosada con otras referencias presidenciales, como la ley de Ministerio Público y el acuerdo en ciernes en el Ministerio de Justicia entre diversos juristas para enviar un nuevo proyecto de ley de reforma integral del Código Penal durante este año.

Hay expectativa, además, por un posible respaldo a la nueva ley de ética pública y a la necesidad de avanzar en los tres proyectos de ley que reemplazarían al DNU de desburocratización del Estado, firmado en enero último, y que el Congreso anticipó que rechazará.