Luego del "recalibrado" de las metas, pasando de un techo de 12% para 2018 a un objetivo de 15% que se acercaba al consenso proyectado por los analistas, éstos automáticamente elevaron sus estimaciones un par de puntos porcentuales entendiendo que significaba una señal de mayor relajamiento monetario. En el segundo semestre del año pasado, el Banco Central había desacelerado el ritmo de emisión a un 27%, comparado con el mismo período de 2016, contra un excesivo 37% del primer semestre de 2017, ante la realidad de una inflación más alta de lo esperado.

En enero, el BCRA les dio la razón a las expectativas del mercado y aumentó el ritmo de emisión para bajar la tasa de interés. Esta decisión coincidió con una merma de la demanda real de pesos, que arrancó a mediados de diciembre con los hechos de violencia y dificultades que enfrentó la sanción de los proyectos oficiales de reforma, y la desconfianza que despertó el recalibrado de las metas de inflación. Si cae la preferencia por tener moneda nacional, también lo hace su valor y, si encima el BCRA aumenta su "producción", la merma se potencia. Así que rondó una baja de 20% hasta finales de enero, enterrando las metas recalibradas.

Gravedad

El alza del tipo de cambio de febrero fue de otra naturaleza. Las turbulencias internacionales motivaron un posicionamiento en dólares y un alza de su valor a nivel mundial. Por supuesto, esto repercutió en el mercado local; pero no tenía la gravedad de generar inflación, ya que el peso no estaba perdiendo valor. Sólo implicaba que los bienes, cuyo valor depende del tipo de cambio, aumentarán más rápido y los servicios privados, debido a la menor demanda que implicará tener que gastar más en los primeros, más despacio. De todas formas, desde el 8 de febrero la historia cambió y tanto el dólar como nuestra moneda empezaron a bajar y marchan en busca de sus mínimos anteriores. Por lo tanto, tal cual van las cosas, en el primer cuatrimestre la suba de precios domésticos habrá superado la mitad del alza "recalibrada" para todo el año, y el anualizado de este primer semestre tendría un piso de alrededor de 24%. El BCRA podría argumentar que la depreciación del peso de diciembre-enero no impactará en la inflación. Este argumento fue el mismo que usó para quitarle relevancia a la minicorrida de mayo-agosto de 2017. El resultado fue una inflación acumulada en el segundo semestre de 2017 de más de 24%, contra una de 18,5% del mismo período de 2016. O sea, la suba de precios no disminuyó, sino que creció el año pasado. Esto lo anticipamos cuando le requeríamos al BCRA que saliera a defender el valor del peso que se despeñaba, generando más temor entre sus tenedores y reduciendo aún más su demanda y precio. La realidad demostró que el achicamiento de la unidad de medida que usamos para valuar todo en nuestra economía se refleja rápidamente en el mercado cambiario, por su liquidez, pero poco después ese mismo metro más chico es el que se usa para valuar los bienes en las góndolas y, con algo más de paciencia, los servicios, por lo que aumentarán. Ante lo evidente, los funcionarios se escudan en la inflación Núcleo, que tampoco anda muy bien, pero va mejor que la total. Es a la que se le quitan los precios regulados por el Estado. Sin embargo, no debería sorprender que sea más baja. El ingreso de la gente es finito. O sea, cuando las tarifas de servicios públicos se incrementan, gastamos más en ellos y por ende podemos erogar menos en todo el resto de las cosas. Como el precio de los bienes depende del valor del dólar y de su precio afuera (porque se pueden importar o exportar), el ajuste lo hacemos en los servicios privados, que pueden aumentar sus precios mucho menos que la inflación; para que no se caiga aún más su demanda. Esta misma explicación sirve para demostrar que el aumento de la variación del IPC por la suba de tarifas de servicios públicos sólo impacta en el indicador del mes en que se produce. Luego, la gente tiene que reducir otros gastos y el menor incremento de estos últimos determinará que en pocos meses se tienda a la inflación que determina el BCRA con su emisión o dejando que una caída de la demanda de pesos lo deprecie.

En definitiva, si partimos del 18,5% anualizado de la inflación del segundo semestre de 2016, no era para nada imposible cumplir con la meta de 17% o menos en 2017. Si no se lo hizo fue porque el BCRA priorizó emitir pesos para financiar al Gobierno, bajar la tasa de interés y aumentar el crédito interno que se chupa casi todo el Estado, sostener el tipo de cambio que baja por el alto endeudamiento del sector público en el exterior y acumular reservas, que luego no usa para defender el valor de su propia moneda. Por eso, las metas de inflación no existen ni se van a cumplir. Sólo es esperable que, dadas sus otras prioridades, el BCRA trate de ir bajando lo posible la inflación, a costa de seguir perdiendo credibilidad, que es el principal capital de un banco central y que ya le queda poca.