Inesperadamente, y sin explicaciones persuasivas, el
Gobierno provincial suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos en la
región chaqueña, es decir la adecuación para el desarrollo ganadero y agrícola,
y notificó a la familia Braun Peña que debe suspender el desmonte en la finca
Cuchuy.
Esas actividades habían sido aprobadas por la autoridad
provincial. Sin embargo, luego de las teatrales denuncias de la organización
Greenpeace, de decisiva influencia en el Ministerio ambiental nacional, el
ministro Sergio Bergman emitió una resolución, para las que carece de
atribuciones constitucionales, que instó a Salta a suspender los efectos de "las
autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo".
La finca Cuchuy, a 70 kilómetros de Tartagal, pertenece
a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos
Peña.
Los activistas de Greenpeace habían venido formulando
denuncias contra la legitimidad de los desmontes, que fueron rechazadas
categóricamente por el Gobierno provincial hace apenas 14 días.
El técnicamente endeble ordenamiento territorial incluyó
ese predio en el área pintada de amarillo, es decir como zona boscosa que solo
se puede incorporar a la actividad productiva con autorización del gobierno
provincial. Este autorizó el desmonte de 8.962 hectáreas, aproximadamente un
tercio de la totalidad del predio. En ese momento el gobierno de JUAN MANUEL
URTUBEY aseguró que "la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo",
y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 "se ajustaron a la
normativa ambiental vigente al momento de su autorización". "Sólo la Justicia
podría paralizar la actividad", remarcó.
Según la Constitución y la misma ley de bosques nativos,
son las provincias las que dictan sus ordenamientos territoriales y determinan
las políticas ambientales. En este contexto, que el Gobierno provincial haya
acatado una orden del ministro Sergio Bergman sin esperar una orden judicial es
una mala señal.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
carece de autoridad para imponer una medida de esa naturaleza a la Provincia.
Sin embargo, en una resolución redactada en términos
propios de un fallo judicial, esa cartera avanzó sobre las actividades de finca
Cuchuy y de al menos una docena de campos donde la Provincia había autorizado la
actividad, en lo que la cartera nacional denomina "recategorización", cuando en
realidad es una categorización lisa y llana, atribución que la ley de bosques
asigna a la Provincia.
Asumiendo el rol de juez, Bergman "establece" que las
autorizaciones otorgadas por el Gobierno salteño son "incompatibles" con la ley
de bosques. Insta a "suspenderlas" y a "restaurar los ambientes de bosques
nativos desmontados". Además, anticipa que la Dirección Nacional de Bosques
"fiscalizará el cumplimiento de la presente resolución" para actualizar el
ordenamiento territorial y el otorgamiento de los beneficios económicos del
fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
Nada dice Bergman de un detalle: ese fondo, que según la
ley de bosques debía compensar las pérdidas económicas a las provincias que no
pueden explotar su tierra, nunca fue pagado. Se estima que la deuda acumulada
merodea los mil millones de dólares, de los cuales un 60% corresponderían a
Salta, que desde 2009 ha paralizado su ganadería y su agricultura con cinco
millones de hectáreas pintadas de amarillo para evitar el avance agroganadero.
Una mala noticia en un momento muy malo
La resolución del ministro Bergman obliga a preguntarse,
desde Salta, si realmente existe la decisión de mantener la región despoblada,
carente de los beneficios en materia de empleo y calidad de vida que brinda el
desarrollo. Sería descabellado, pero, en ese caso, deberían decirlo.
La chismografía política destaca que lo que está en
juego es una finca de un primo de Peña. La realidad es que la resolución impone
un retroceso económico y social que se extiende en millones de hectáreas de
nuestra provincia.
Y ocurre en un momento dramático, cuando el cierre del
Ingenio San Isidro desnuda la fragilidad del aparato productivo y del empleo
genuino en Salta.
Pero el ministro Bergman, además, está en falta. Desde
2008 la ley de bosques fue incumplida. El artículo 30 crea el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto
de "compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los
servicios ambientales que estos brindan". Debe estar integrado por partidas "que
no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y por el 2% del total
de las retenciones a las exportaciones". Se estima que la deuda acumulada en una
década supera los mil millones de dólares. El 70% debió ir a los dueños de los
predios boscosos y el resto a las administraciones provinciales.