El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, decretó la implementación del Libro Blanco de la fruticultura. Con el objetivo de contener a un sector en crisis, de años consecutivos sin rentabilidad que le permita cambiar indicadores de deterioro como los volúmenes productivos, pérdida de estatus sanitario, o con ocho mil puestos de trabajo menos -entre 2010 y 2015-, el mandatario patagónico decidió oficializar su aporte a un problema que preocupa al presidente Mauricio Macri, según detalla el texto que se publicó el 27 de diciembre de 2017 (n° 2032).

Los puntos básicos, se indicó en la publicación estatal, apuntan a desarrollar mercados (nacional e internacional); alentar a líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos; incorporar tecnología adaptada a la realidad regional; alcanzar una mayor cooperación horizontal y vertical -incluso acuerdos sectoriales- en base a una cultura innovadora en toda la cadena de valor; priorizar los proyectos de organizaciones de productores, donde el que produce es socio más que proveedor y lograr transparencia comercial.

Algo se había hablado en el encuentro privado que mantuvieron en el country Cumelén, de Villa La Angostura. Además del déficit fiscal, los problemas con las comunidades mapuches (básicamente el RAM), Weretilneck le repitió a Macri la necesidad de enfrentar la crisis frutícola que replicaba temporada tras temporada los reclamos de la Federación de Productores de Río Negro y de Neuquén. En la segunda semana de enero, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, prometió un plan a largo plazo y trabajo en conjunto para dar vuelta la historia de esta emblemática economía regional: por eso algunos federados fueron sorprendidos por la novedad que se expandió en las últimas horas de este martes.

Entre las consideraciones, se resalta el indispensable "flujo exportador" para mantener la superficie productiva que depende de "los mercados externos" por los precios internacionales. También se comparan los costos de la región norpatagónica argentina y cómo los mismos impactan negativamente en toda la cadena productiva (cosecha, procesamiento, refrigeración, logística comercial). Según el decreto, si los índices se mantienen, en el año 2022 la superficie productiva sería de 20.000 hectáreas: eso generaría la reducción de 4.000.000 de jornales que desencadenaría en la "crisis socio-económica" más importante de los últimos tiempos en la región de los Valles. Un apartado especial se resalta sobre el comercio internacional ante los incrementos en la demanda de peras y manzanas, frutas de excelencia en el Alto Valle rionegrino.

Un potencial escenario de conquista, que aportaría a la "resolución de la crisis", generaría -detalla una de las consideraciones- un panorama alentador. Respaldado en el "Plan para una Fruticultura Sustentable", que se aprobó en la Legislatura provincial en el 2014, con finalidad de generar competitividad, jerarquía productiva con programas sanitarios acordes -hoy en riesgo, según Weretilneck-, se buscó una alternativa más. Mediante avance en tecnología, se garantizó por ley la búsqueda de amplitud de productores otorgándoles ventajas y designándolos en un rol clave como generadores de empleos genuinos en el ámbito privado. Como se sabe, y en la forma que lo explicó Letra P en reiteradas oportunidades, nada de eso se cumplió en los últimos años.

ESTRUCTURA. Un cambio de paradigma en la organización, es la finalidad del decreto de Weretilneck. La necesidad de establecer un nuevo esquema, que permita organizar la actividad en el "asociativismo" de productores, productores y empresas, se denominó como Organización de Productores (OP). La misma aclara objetivos en el Libro Blanco, el plan por el que el ministro Alberto Diomedi (Agricultura, Ganadería y Pesca) enfrentó a la cúpula de los chacareros federados en reiteradas oportunidades. Un plan de negocios, con descripción exacta, formará la agenda de la OP. La mejora fiscal, es otro de los objetivos para elevar el índice de ganancias de los productores. Con aportes de los Gobiernos provincial y nacional, sindicatos, productores y empresas, el Libro Blanco es la estrategia de Río Negro para levantar una economía regional aplastada.