En las entidades gremiales del sector abrieron el paraguas. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el que le reclamó al Gobierno que cumpla con la promesa de reducir en 0,5 puntos porcentuales por mes en 2018 los derechos de exportación al complejo oleaginoso. En rigor, esa reducción ya fue dispuesta en 2016 por decreto cuando el propio presidente Macri anunció que no iba a cumplir su promesa de campaña en reducir 5 puntos por año las retenciones a la soja. De 35% para el poroto que estaba fijado en diciembre de 2015 se debía llegar a 15% para la campaña 2018/2019. Con la postergación parcial del año pasado, al final quedarían en 18%, tres puntos porcentuales más que lo anunciado en la campaña electoral.

En 2016 el Gobierno argumentó que la situación social ameritaba una postergación de la rebaja. Como compensación, anunció la creación de un fondo de fomento y ayuda para planes sanitarios y la suba de reintegros a las economías regionales. Ahora, a duras penas, está completando el pago de los programas sanitarios.

Quienes se inclinan por el "pensamiento políticamente correcto" creen que está bien sacarle recursos a la actividad agropecuaria. Sin embargo, no consideran la evidencia que dejó la rebaja de las retenciones y la eliminación de las trabas al comercio que dispuso este gobierno a los pocos días de asumir. La mayor producción de maíz, trigo y girasol generó una multiplicación de la actividad económica. Las mayores cosechas compensaron el impacto fiscal de la reducción de los derechos de exportación. El aumento de ventas de maquinaria agrícola o la multiplicación de los viajes en camión son algunos de los segmentos que terminaron tributando tantos o más impuestos que las retenciones.

El otro aspecto que no se tiene en cuenta es que los derechos de exportación son un pésimo impuesto. A la soja se le extrae el 30 % del precio de venta o, dicho de otra forma, de cada tres camiones y algo más que se despachan con el poroto, la carga de uno va para el Estado. No hay otro producto de la economía que tenga una estructura tributaria semejante. Además, proporcionalmente, afecta más a quien produce en una escala reducida que a quien cosecha en mayores superficies.

Para el Estado es un tributo de fácil recaudación porque lo cobra a una veintena de empresas en el momento de la operación de exportación. El argumento que no es fácil cobrar impuestos a cientos de miles productores que habitan el territorio nacional ya no tiene peso porque el Estado hoy posee herramientas tecnológicas para reemplazarlo por otros tributos más eficientes desde el punto de vista impositivo.

Hay otro motivo de política comercial internacional para cuestionar las retenciones. De los tres mayores productores de soja del mundo -Estados Unidos, Brasil y la Argentina- sólo aquí se cobran impuestos a las exportaciones.

Y el otro aspecto regresivo de ese tributo, como explican los expertos, es el carácter anti inversión. Deteriora la ecuación insumo/producto ya que el ingreso que se quita por este tributo no se destina a invertir en mejor genética, más fertilizantes o los fitosanitarios adecuados. Se incentiva a desarrollar planteos agronómicos defensivos.

El esquema de retenciones también es discriminatorio con quienes producen en zonas alejadas de los puertos o consumos. Con los niveles de fletes que tiene la Argentina la soja comienza a no ser sustentable cuanto más lejos de los puertos o centros procesadores se está.

"Hay zonas del NOA en las que los números no dan", dice el economista del Ieral-Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón.

El especialista, además, estima que el impacto fiscal de la reducción de retenciones para el Estado representará en 2018 el 0,3% de la recaudación total de impuestos. Y cree que si en vez de bajar el 6% a lo largo del año se hiciese todo de una vez podría haber un incentivo para desprenderse de la soja a quien todavía la tiene embolsada.

Más allá de estas opciones, Garzón sostiene que "la presión impositiva en la Argentina es elevada". Un tributarista especializado en temas del agro coincide con este diagnóstico y explica que la presión es mayor de la estimada -alrededor de 35%- ya que recae sobre quienes están en el circuito formal y es eludida por quienes actúan en los canales informales.

Hay una dimensión política en no bajar las retenciones. El discurso de que "el Gobierno le dio mucho al campo" influye en sectores del oficialismo permeables a las críticas fáciles de la oposición. Son los que suelen manejarse con los viejos parámetros de la antinomia "campo-industria". Les da cierta vergüenza reconocer que la Argentina exporta trigo, soja o maíz como si eso fuera necesariamente nocivo. Pese a las evidencias no advirtieron todavía que se trata de un complejo productivo moderno y eficiente, que poco tiene que ver con la agricultura del siglo XIX que se hacía a tracción a sangre.