Y fuera, porque la decisión de reemplazar a la Gendarmería por la Policía de la Ciudad para hacerse cargo de la seguridad alrededor del Parlamento, en semejante contexto, es una experiencia inédita, de resultados inciertos. En las últimas horas, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, con la información que recibía de los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne, y el aparente compromiso de los gobernadores peronistas, decía que podía contabilizarse, a priori, solo 135 legisladores en sus bancas, lo que permitiría comenzar la sesión, con un número muy ajustado. Pero no estaba demasiado seguro. Es más: muy cerca de Monzó temían que, más allá del enojo del Presidente quien considera que algunos mandatarios lo traicionaron, y otros, definitivamente, no pueden controlar a los diputados los gobernadores están contrariados por el anuncio del bono compensatorio que anticipó, Elisa Carrió el jueves pasado, en plena sesión. "No entiendo por qué, si desde el principio, tenían esa carta para lograr el quórum y la aprobación de la ley, no lo incorporaron a la discusión previa", me dijo un gobernador al que desde Cambiemos consideran como uno de los más racionales. Es que fueron precisamente, ellos, los gobernadores peronistas, quienes sugirieron la fórmula del bono para terminar de convencer a sus propios diputados y así obtener el quórum y después la aprobación de la reforma previsional. "¿Por qué tuvimos que enterarnos de que el bono iba a salir por boca de Carrió, si en el fondo era una idea nuestra?", reprochó. No fue el único. También Monzó y el presidente de la banca de Cambiemos, Mario Negri, se enteraron en el recinto.

A esta altura de las circunstancias, el propio Presidente admite que el Gobierno equivocó la estrategia desde el principio hasta el final. Para empezar no explicó el proyecto con el tiempo y el detalle que requería. Para seguir, minimizó el impacto en la opinión pública y confió que, así como se consiguió la media sanción en el Senado, pasaría lo mismo en la Cámara baja: con muy poco ruido y con el propio asunto por debajo del radar.

Y para terminar, desde el Presidente hasta el último ministro, creyeron que el triunfo de octubre los haría mucho más poderosos y subestimaron, una vez más, la capacidad de daño del sector liderado por la expresidenta Cristina Fernández. Los muchachos de senadora multiprocesada jugaron al límite del sistema democrático. Denunciaron que las fuerzas de seguridad no los dejaban entrar a Diputados, cuando en realidad protagonizaron un scrum para hacer retroceder a los gendarmes, correrlos del cuidado de las vallas y permitir que los manifestantes avanzaran hasta las mismas puertas de entrada del Congreso. Entre los más belicosos y agresivos estuvieron Andrés Larroque y Máximo Kirchner.

Nadie puede justificar que los gendarmes hayan lastimado a los diputados Victoria Donda, Mayra Mendoza y Leonardo Grosso, pero desde Cambiemos consideran que ellos violaron la ley, porque se valieron de su condición de legisladores para desobedecer a las fuerzas del orden. Los insultos de Leopoldo Moreau a Monzó y el revoleo del micrófono de otro legislador para impedir que se iniciara la sesión fueron parte de la misma estrategia. Podría haber sido interpretado como algo espontáneo si no hubiera sucedido casi lo mismo, con idéntica dinámica, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, ingresó protegido por más de treinta personas, algunos de ellos, reconocidos barras de Cambaceres.

"No quieren discutir la reforma previsional, ni defender a los jubilados. Quieren demostrarle a la sociedad que no tengo autoridad para gobernar y eso no lo vamos a permitir", repitió Mauricio Macri, palabra más, palabra menos, durante todo el fin de semana. Sin embargo, el primer gran error de toda la estrategia oficial fue no admitir que la reforma contiene una primera quita al ingreso de los jubilados, y, en especial, de qué manera se iba a compensar.

A pesar de sus diferencias tácticas y estratégicas, tanto Macri como Carrió consideran que hay un intento potente pero todavía desarticulado para erosionar la autoridad presidencial, y que podría terminar en una crisis institucional. Es que la dinámica política, una vez más, se volvió tan dramática como en los peores años de la Argentina, desde la restauración democrática.

El fracaso de la sesión de hoy, o la no aprobación de la ley, haría caer como un castillo de naipes a toda la reforma económica, y no solo la previsional. Porque detrás de la discusión jubilatoria se debería tratar las reformas financiera, fiscal y tributaria.

Y la otra gran pregunta es qué pasará en la calle, porque la CGT ya decretó un paro con inicio a las 12 del mediodía y la sesión debería empezar a las 14, según informaron las autoridades de la Cámara de Diputados.

Desde el jueves a la noche, Horacio Rodríguez Larreta está coordinando el sistema de seguridad que pondrá en la calle a cientos de policía de la Ciudad para contener a los manifestantes. Este es otro grave problema que tiene Cambiemos y que todavía no terminó de dilucidar. El Presidente le pide a Patricia Bullrich que sostenga el orden público con energía. Además discute con Rodríguez Larreta para que le exija a las fuerzas de seguridad de la Ciudad que hagan lo propio. En el medio aparece Carrió pidiendo a Bullrich que pare la mano con un argumento lógico y atendible: si respondemos con represión excesiva a la violencia política le terminamos haciendo un favor a los golpistas y destituyentes. Sobre esas desaveniencias se monta el cristinismo, la izquierda no democrática y también algunos legisladores del Frente Renovador, para erosionar el poder del Presidente. Macri no debería caer en semejante provocación.

Es preferible, incluso, que no se apruebe la ley, a que nuevos episodios de violencia alcancen una escalada todavía más grave. Este gobierno que terminó de ganar las elecciones tiene mucho que perder. Cristina y sus muchachos, en cambio, ya están jugados. Su dilema es la cárcel o el deterioro del Presidente y de Cambiemos.