Los trabajadores del Poder Judicial de la Nación agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) llevaron a cabo el 1º del actual una huelga en rechazo de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de revisar, entre otras cosas, el horario de atención al público en los tribunales y las ferias, bajo el lema "Los trabajadores judiciales no somos el problema, sino la solución".

El servicio de justicia no reclama simples mejoras, sino una profunda transformación, tanto para apuntalar su solidez institucional, reforzando su independencia, como para funcionar con mayor eficiencia. Y, como todo sistema, debe ser abordado mediante un plan integral.

La tramitación de las causas judiciales todavía descansa principalmente en procesos obsoletos que dependen de la concurrencia de personas a las oficinas y del movimiento de papeles. Por eso aún reviste demasiada importancia el horario de funcionamiento y de atención al público, factores que han perdido relevancia, por ejemplo en los servicios bancarios, de seguros y en muchos gubernamentales, como la recaudación de impuestos, que en buena medida se prestan a través de plataformas digitales. En ese sentido, es cierto que muy poco aportará modificar el horario o los días trabajo.

El gobierno de Mauricio Macri ha acertado al proponer un amplio debate respecto de las razones por las cuales los argentinos no estamos conformes con el funcionamiento de los tribunales, y mediante su programa Justicia 2020 permite que todas las voces sean escuchadas. Corresponde escuchar con franqueza las propuestas serias que vengan de jueces, empleados, abogados y de la sociedad toda. No puede haber temas prohibidos.

Tanto las ferias de verano como las de invierno, por las cuales un servicio esencial sólo es prestado en casos de urgencia, como un horario cuya ineficiencia ha sido probada en muchos estudios (y que se mantiene para permitir el doble empleo de muchos empleados judiciales), distan de garantizar un eficiente uso del tiempo. No cierran los hospitales ni los aeropuertos, cuyos trabajadores toman sus vacaciones y licencias de manera ordenada. No hay justificación para asignar los recursos del Estado, provenientes del esfuerzo de los contribuyentes, de un modo que llevaría a la quiebra a quien pretendiera hacer lo mismo en la actividad privada. Y nada de eso resulta incompatible con el respeto por los derechos de todo trabajador.

Es cierto que muchos empleados cumplen una jornada superior a la exigida, pero ningún sistema debe descansar en la generosidad o en el heroísmo de sus recursos humanos.

Es natural que haya resistencias al cambio, pero en tiempos de crisis se ponen a prueba los liderazgos. Tanto los empleados como los jueces y sus asociaciones y sindicatos deben ponerse al frente de la transformación e informar cuáles son sus propuestas, para que la sociedad no los vea como defensores de una situación que, lamentablemente, los destinatarios de su servicio no aprueban.

A nadie se lo puede reformar solamente desde fuera si no ha entendido que debe cambiar. En ese sentido, es cierto que los trabajadores son una parte esencial de la solución y que deben ser escuchados. Ningún sistema es mejor que las personas que lo operan.

Mas lo cierto es que el Poder Judicial es, por distintas razones, la institución que goza de la menor credibilidad en la opinión pública, al tiempo que sabemos que la justicia que llega muy tarde termina no siendo justicia. Por eso es menester mejorar su eficiencia también con la colaboración de magistrados y trabajadores.