El presidente de AAPRESID alertó que sólo para la Argentina, la decisión de no renovar el glifosato pone en juego 16.800 millones de dólares y condenará a los productores de unas 5 millones de hectáreas -principalmente del NOA/NEA- a abandonar la agricultura por no tener otra alternativa productiva. Consideró que el costo ambiental de la medida es incalculable y representará un retroceso para la sustentabilidad de la región. Para Vigneau, el impacto negativo por este tema es mucho mayor al generado por el conflicto con las exportaciones de Biodiesel Argentino a USA.

El presidente de AAPRESID, Pedro Vigneau, alertó hoy que “la decisión de la Unión Europea (UE) de no adoptar una decisión basada en la evidencia científicas para aprobar el re-registro del glifosato por 15 años, y en su lugar basarse en ideologías políticas para avanzar hacia una prohibición del herbicida de mayor uso en la agricultura mundial; es una amenaza directa al MERCOSUR y puede poner en crisis la seguridad alimentaria global al afectar dramáticamente el precio de los alimentos y el comercio de alimentos”.

Vigneau advirtió que la decisión de Francia de prohibir el glifosato, y de la UE de avanzar hacia una prohibición, esconden la intención de imponer Barreras Para Arancelarias que dificultarían mucho la producción de los principales commodities que se exportan a Europa, provocando fuertes subas en el precio de los mismos, que podrían superar los valores del 2008, y cuyas consecuencias negativas -tanto sobre el precio de los alimentos como en la seguridad en diferentes regiones- todos recuerdan. “somos los productores los primeros interesados en la renovación del glifosato basado en ciencia, no puede la Union Europa ponernos a todos en un riesgo innecesario”.

“El Mercosur es la región que se verá más perjudicada por esta decisión y en particular, Argentina que tanto depende de las exportaciones del sector agrícola para asegurar el ingreso de divisas”. Explicó que la no registración del glifosato impondrá niveles de residuos tan mínimos, que serán imposibles de cumplir, que, aun cuando la decisión se discuta en la OMC, obligará a cambiar el modelo productivo y abandonar el sistema de Siembra Directa que se aplicó durante décadas, y que demostró ser el más eficiente para cuidar el ambiente, reducir las emisiones de Carbono, contaminar menos y ser más sustentable.

Señaló que, para la Argentina, el costo de cambiar hacia un modelo de agricultura convencional, con mayor uso de químicos y de aplicaciones mecánicas, con pérdida de materia orgánica de nuestros suelos, y con una importante disminución en la productividad, puede estimarse, sobre una base de 30 millones de hectáreas, en 8.755 millones de dólares.

“Esta medida tiene un impacto muy negativo para los productores argentinos, nos dejaría sin posibilidad de seguir produciendo alimentos y seguramente impactara en la seguridad alimentaria dado que elevara los precios a nivel insospechados. Hoy hay más de 1 mil millones de personas que viven con menos de un dólar por dia, no se pueden dar el lujo de perder sus fuentes de alimentación por un capricho proteccionista europeo” alerto Vigneau.

A esta pérdida económica y retroceso tecnológico, hay que sumar el impacto directo que una medida así puede tener para el comercio exterior. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones de harina de soja de la Argentina. Las cifras de exportaciones del 2016 muestran que se exportaron a Europa más de 9 millones de toneladas, que a valor promedio del mercado de 360 u$s/ton FOB Upriver ports, implican poner en riego unos u$s 3,240 millones.

Peor aún, la Argentina vería seriamente afectado su sistema productivo, y al menos unas 5 millones de hectáreas deberán retirarse de la agricultura al no tener otras alternativas de producción, forzadas por el aumento en los costos y la suba en los rindes de indiferencia, afectando mayormente a las zonas alejadas de los puertos (todo el NOA y NEA y algunas zonas de Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa). Si calculamos que esta superficie se siembra mayormente con soja, y tiene rindes promedio de 2,500 kg/ha; la producción potencial en riesgo llega a 12,5 millones de toneladas de soja. A un precio FOB promedio de 385 u$s/ton FOB Upriver, el valor de la caída de las exportaciones por una menor siembra podrá superar los u$s 4800 millones. Consideró que el costo ambiental de la medida es incalculable y representará un retroceso para la sustentabilidad de la región.

“En conjunto, la Argentina tiene más de 16.800 millones de dólares en mano de los políticos europeos; y es muy preocupante que estén tomando decisiones sin considerar la evidencia científica ni el impacto que una decisión negativa puede tener tanto para sus agricultores como para nuestra región. Le pido a nuestro gobierno que siga comprometiéndose en este tema, para evitar una decisión que puede tener serias consecuencias para la Argentina y para el Mercosur”.

“Esperamos que la ciencia prevalezca sobre la ideología”, concluyó. No existe ninguna evidencia científica que valide una prohibición o aprobación temporal por un corto periodo”, aseguró el presidente de AAPRESID; quien explicó que las autoridades reguladoras de Europa completaron recientemente su propia reevaluación multianual y comprobaron una vez más que el glifosato es seguro para su uso. “El glifosato ha cumplido todos los requisitos para una renovación completa de 15 años. No existe una base científica o de salud para aprobar la autorización por menos del límite máximo permitido”, señaló.

Recordó que se trata de uno de los principios químicos más estudiados en el mundo y que tiene más de 40 años de uso seguro. Ninguna autoridad regulatoria en el mundo considera que el glifosato sea cancerígeno.

Comentó además que el glifosato “es una herramienta esencial para la agricultura europea”, es una herramienta estratégica y fundamental para ayudar a los productores europeos a proveer alimentos a cientos de millones de ciudadanos europeos, reducir las emisiones de carbono y el impacto de la agricultura en el medioambiente, proteger la calidad de sus suelos y apoyar la biodiversidad en sus campos. “Es urgente tanto para los agricultores de Europa, como los del Mercosur, que la Comisión y los Estados miembros actúen con prontitud para renovar el glifosato”.