LA PLATA.- La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) no descarta medidas de protesta contra el aumento del impuesto inmobiliario rural previsto en la ley impositiva de 2018.

Así lo informó a LA NACION Matías de Velazco, presidente de la entidad, tras reunirse ayer con diputados de la provincia de Buenos Aires que se disponen a votar mañana la suba del impuesto.

"El aumento del 50% en el inmobiliario rural es descabellado. No se condice con ningún otro indicador de la economía", expresó De Velazco. "Hay mucho enojo. Mucho disconformismo, mucho descontento entre los productores, que se sienten traicionados por este gobierno", agregó.

La suba impositiva que anunció el gobierno de María Eugenia Vidal pretende recaudar unos 4000 millones de pesos con la actualización del valor de las partidas del impuesto inmobiliario rural y urbano.

Los productores sostienen que este año ya hubo un revalúo para unos 17.000 productores a los que se les actualizó el valor de los campos. "Entre 2016 y 2017 unos 17.000 productores ya tuvieron un revalúo fiscal", indicó el presidente de Carbap. Las subas fueron de entre el 38 y el 200 por ciento, según informó el sector.

"Es una costumbre castigar a un sector que acompaña y no protesta. Pero esta vez se les ha ido la mano", afirmó el dirigente.

"Venimos a pedir que morigeren estas subas. Venimos a pedir equidad en el trato con otros sectores de la economía", sostuvo Velazco. Por su parte, el secretario de la entidad, Fermín Echeverría, señaló: "Pedimos cambios a los diputados. Vinimos a dialogar sobre los cambios en el impuesto inmobiliario, el impuesto complementario e Ingresos Brutos".

El gobierno de María Eugenia Vidal intentará mañana votar las leyes de presupuesto, reforma impositiva y ley de responsabilidad fiscal para 2018. Es un primer intento con una Cámara de Diputados donde no tiene mayoría ni mucho menos los dos tercios de los votos que necesita para pedir autorización para tomar deuda por unos 59.000 millones de pesos más otros 25.000 millones a los organismos multilaterales de crédito.

El sector del agro no es el único que presentó quejas por los cambios. Los intendentes del peronismo denunciaron que Vidal intenta avasallar la autonomía municipal garantizada en la ley orgánica de los municipios con la ley de responsabilidad fiscal, ya que condiciona la ayuda económica al cumplimiento de metas.

Por otro lado, los intendentes de Cambiemos y del peronismo también ven con malestar los cambios previstos en el fondo de infraestructura escolar que quitarán a los jefes comunales la posibilidad de reasignar estas partidas, ya que estarán atadas en un 85% a obras.

En tanto, desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, destacó las obras hídricas y las rutas que se están realizando y pidió "hacer un esfuerzo".

Créditos productivos

"Acá no pasa por discutir porcentajes, sino pensar en las obras que se están realizando. Nuestro gobierno siempre manifestó su apoyo a este sector. Tanto el presidente Macri como la gobernadora Vidal están poniendo fin a muchos años de promesas incumplidas y demandas insatisfechas", dijo Sarquís.

El funcionario dijo que "este año se invirtieron casi 46.000 millones de pesos en obras hídricas y rutas nacionales y provinciales. También hay créditos productivos por más de 50.000 millones".

Según Sarquís, "las obras se están ejecutando y no vinieron en un año electoral, sino para quedarse". Y concluyó: "En este momento hay que hacer un esfuerzo y pensar en todos los sectores".

El peso del tributo

34

por ciento

será el porcentaje de aumento para un campo de soja de 130 hectáreas en la zona agrícola de Chacabuco, tomando en cuenta la comparación en toneladas de esta oleaginosa, según los productores

57

por ciento

será el porcentaje de suba para un establecimiento ganadero de 380 hectáreas en Tornquist, en el sudeste provincial, considerando la comparación en kilos de novillo