SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El gobierno nacional, a través de la resolución 435-E/2017, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso una reducción del 29% en el precio del bioetanol de caña. La medida, que deja sin efecto una ley que debía regir hasta 2021, genera preocupación en el sector azucarero, principal actividad agroindustrial de Tucumán.

"Esta medida adoptada unilateralmente es un golpe brutal al sector productor de biocombustibles con origen de caña de azúcar", resumió el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.

En esta provincia, en Salta y en Jujuy, el sector genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos, lo que lo convierte en la actividad privada más importante de la región.

Según advirtió Rocchia Ferro, la baja en el precio del bioetanol "generará pérdidas millonarias al NOA, que se trasladarán a los más de 6000 cañeros, proveedores, contratistas, trabajadores y a todas las actividades económicas relacionadas con este industria señera incluyendo a los Estados Provinciales".

Además, consideró la resolución dispuesta por el Gobierno "atenta contra el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas bioetanoleras y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la Ley hasta el 2021, y en cuestión de horas ese escenario cambió por una decisión inconsulta del Ministerio de Energía".

El empresario recordó que el bajo nivel de inversión, principalmente en proyectos que buscan generar un valor agregado a la producción, es uno de los principales problemas del noroeste argentino, situación que podría agravarse con la medida nacional. Y sostuvo que esta modificación en las condiciones de venta de bioetanol a las empresas petroleras "también supone una contradicción con el objetivo del Plan Belgrano que el gobierno sostiene desde su inicio y que supuestamente busca saldar la deuda histórica que la Argentina tiene con las 10 provincias del norte y su gente".

El dirigente de la Cámara Argentina de Alcoholes recordó que "la producción de bioetanol permite sustituir importaciones de combustible fósil -por lo cual tiene un impacto beneficioso en la balanza comercial de la Argentina- y genera un beneficio ambiental por su carácter de combustible verde y renovable".

Según Rocchia Ferro, "el diálogo y el gradualismo que el gobierno mantiene como banderas para sus reformas estructurales no se han aplicado en el caso del bioetanol, el cual se ve perjudicado de un día para el otro y sin margen para la menor adaptación al escenario impuesto".

El industrial azucarero opinó que "el ajuste de la economía de nuestro país no debe hacerse con un recorte brutal de ingresos para la economía regional más importante del noroeste argentino, región que siempre fue postergada en la mesa de las decisiones y con esta medida lo sigue siendo".

Por último, Rocchia Ferro solicitó "la urgente reconsideración de esta medida" y reclamó la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno. "No queremos que se repita la tremenda situación de 1966 -año en el que el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía dispuso el cierre de los ingenios azucareros tucumanos- cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires", concluyó.