Poco tiempo atrás, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores y planteó que "ya no se le puede pedir más a la gente". La gobernadora no está equivocada, y cuando se dice que el gasto público es inflexible a la baja, es inflexible para la corporación política que parece haber hecho un lucrativo negocio de ocupar cargos públicos.

Seguramente Vidal debe ver el presupuesto y debe espantarse de la forma en que dilapidan los recursos de los bonaerenses. Al respecto dediqué bastante tiempo a buscar el presupuesto del Congreso de la provincia de Buenos Aires, tanto de diputados como de senadores, y, curiosamente, no figura en el presupuesto provincial. Es como si los representantes de los habitantes de la provincia de Buenos Aires no quisieran informarles a los contribuyentes cómo gastan ellos los impuestos.

Buscando y buscando logré armar algo del rompecabezas de cuánto gastan los legisladores de la provincia de Buenos Aires en base a informes ejecutados de presupuesto publicados en el sitio del Ministerio de Economía de la provincia.


En pesos corrientes el gasto en la función legislativa aumentó el 71% entre 2017 y 2015.

De acuerdo a la ley 14886, la cámara de diputados solamente, pasaría a tener 1.347 empleados en 2017 entre planta permanente y temporaria versus los 1.224 que figuraban en el presupuesto de 2016. Considerando que hay 92 diputados provinciales, tenemos una relación de casi 15 empleados por cada legislador. Digamos que cada diputado es una PYME. El presupuesto para la Cámara de Diputados es de $ 3.668 millones de los cuales $ 2.500 millones son para gastos en personal. Dicho de otra manera, cada legislador les cuesta a los bonaerenses con su sueldo, secretarias, asesores y gastos operativos $ 40 millones al año, algo así como $ 3 millones mensuales. Es como si yo, para poder preparar mis informes económicos necesitase una estructura de $ 3 millones. ¿Cuánto tendría que cobrar una conferencia sobre la situación económica para cubrir mi costo fijo de $ 3 millones mensuales? Es más, ¿quién estaría dispuesto a pagarme los honorarios disparatados que surgirían de semejante costo operativo? Nadie. ¿Por qué los diputados de la provincia de Buenos Aires pueden tener ese gasto fijo? Porque no tienen que salir a buscar clientes ya sus ingresos provienen de un cliente cautivo que es el contribuyente al cual se le quita el dinero por la fuerza mediante el monopolio de la fuerza que tiene el estado.

Encontrar datos sobre el presupuesto del Senado de la provincia de Buenos Aires es una misión imposible. Los datos están bien escondidos, pero por si el gasto de ambas cámaras para 2017 es de 6.464 millones, entonces el presupuesto para el Senado sería de $ 2.796 millones. Siendo que hay 46 senadores provinciales, cada senador necesitaría $ 61 millones mensuales, $ 5 millones mensuales para “legislar”.

A nivel nación, los fondos destinados específicamente para legislar son los siguientes. La Cámara de Senadores tiene un presupuesto para el año en curso de $ 5.297 millones, dinero destinado a pagar sueldos de los legisladores, de los empleados del Senado, la compra de bienes y servicios, etc. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene asignado un presupuesto para 2017 de $ 5.550 millones, también para los mismos conceptos.

De los números anteriores se desprende que para poder legislar, un senador tiene un costo para el contribuyente, entre su sueldo, el sueldo de la secretaria, sus asesores, encargados de prensa, etc. de $ 74 millones anuales, es decir, en promedio tiene un costo de $ 6,2 millones mensuales.

Los diputados nos salen más económicos. Siendo 257 diputados y con un presupuesto de $ 5.550 millones, cada diputado tiene un costo para el contribuyente de $ 22 millones anuales, $ 1,8 mensuales.

Si uno compara el costo por legislador tanto a nivel nación como a nivel provincia de Buenos Aires, son parecidos.

De acuerdo a la información que proporciona la página web del Senado de la Nación, dicho cuerpo tiene asignados 3.192 empleados de planta permanente y 1.862 de planta transitoria. Un total de 5.054 empleados solo para el Senado. Aquí no se tiene en cuenta ni la biblioteca, la imprenta o la obra social. Si uno divide los 5.054 empleados por los 72 senadores, tenemos que en promedio cada senador necesita 70 empleados para trabajar. ¡Cada senador es una PYME!

No puedo dar los datos de diputados porque, lamentablemente, ya no se publican como se hacía antes.

Es importante aclarar que en los datos del Congreso Nacional, no están los 1.600 empleados que hay en la biblioteca del Congreso, los 575 que están en la imprenta en la era de internet o los 100 que están en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (no tengo idea cuál es su función).

Normalmente se trata de medir cuánto trabaja un legislador por la cantidad de proyectos de ley que presentó en el año. Es más, muchos legisladores se enorgullecen diciendo que presentaron 20, 50 o 100 proyectos de ley. La realidad es que esa inflación legislativa termina ahogando la actividad privada. En rigor lo que se necesita es una gran ley derogatoria de todas las leyes que agobian al ciudadano y que ya nadie sabe si se cumplen o no se cumplen. A mayor cantidad de leyes, menos libertad individual.

En síntesis, la dirigencia política en general y los legisladores en particular deberían dejar de preguntar dónde puede bajarse el gasto público, cuando los economistas les decimos que hay que bajarlo, y empezar a mirar la cantidad de recursos que dilapidan ellos para mantener a sus punteros, colaboradores de campaña y, vaya uno a saber si no figura alguna/o amante de algún legislador o legisladora.

Cerrando, que vayan a otro lado con el cuento que no se puede bajar el gasto público. Y estos datos son solo una muestra de todo lo que se puede recortar en beneficio del sufrido contribuyente. El tema es si los legisladores, a nivel nacional y provincial están dispuestos a terminar con el negocio de hacer política.

Fuente: Economía para Todos