La industria alimenticia argentina mira con preocupación, por estos días, el devenir político del otro lado del Río de la Plata. En Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez -médico oncólogo- abrió en junio una consulta pública (hasta fines de este mes) para establecer el tipo de rotulado con información sobre grasa, sodio y azúcares que los alimentos deberán mostrar en su packaging. La propuesta oficial, similar a la chilena, es la de incluir en los envoltorios cuatro grandes octógonos de color negro en los que se alerte a la población sobre el exceso de esos ingredientes.

En el país, las empresas reconocen que es preciso impulsar un cambio, sobre todo para frenar la obesidad infantil. "Quedamos muy desactualizados", admiten en una importante firma del sector. "Y mientras algunos nos autorregulamos, otros no". Y pese a que hay un buen diálogo formal e informal entre la industria local y el Gobierno, las compañías temen que el modelo chileno o uruguayo se impongan. A contramano, proponen un trabajo similar al que se realizó en Brasil -aunque aún no se implementó- y que rige en Gran Bretaña: una especie de semáforo nutricional que alerta sobre excesos o no de grasa, sodio y azúcares, considerado más benigno.

Pero el consenso, incluso entre los propios industriales y los ministerios incluidos en el debate, está lejos de alcanzarse a pesar de que en la cartera de Salud, la directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Verónica Schoj -señalada por las empresas como el ala más radical del Gobierno en estos temas- busca cerrar un acuerdo a fin año.

En las firman prefieren como interlocutor al Ministerio de Agroindustria, más orientado a mejorar el perfil exportador del sector, sobre todo en medio de una negociación con la Unión Europea (UE) en el que los alimentos son las estrellas. Esa negociación podría tener un resultado alentador en diciembre. En el sector de la alimentación trabajan actualmente unas 500.000 personas y se generan exportaciones por US$ 26.000 millones.

La preocupación industrial es aún mayor porque el debate no sólo es sobre el rotulado, sino que suma también la publicidad y el marketing del sector, el entorno escolar en el que se venden los productos y los impuestos que los gravan. Según datos del sector, de cada $ 100 gastados en alimentos, $ 40 son impuestos. Los empresarios miran de reojo el trabajo del Ministerio de Hacienda y, sobre todo, de dos funcionarios: Guido Sandleris y Sebastián Galiani, ambos expertos en taxation. Son parte clave del equipo que trabaja en la reforma tributaria pensada para 2018 y que estaría dispuesto a subir tasas a alimentos y bebidas "no saludables". ¿El ejemplo cercano? México.

Al igual que otras industrias, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) reconoce "la problemática de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles", relacionadas con la alimentación. Pero el problema, dicen, no es intrínseco al producto que comercializan, sino a los distintos "estilos de vida".

Cifras de 2010 de la base de datos global sobre crecimiento infantil y malnutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron que la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco años en la región de América latina con un 7,3% de prevalencia. En escolares (5 a 11 años) es del 18,9% al 36,9% y en adolescentes (12 a 19 años) es del 16,6% al 35,8%.

Con relación al rotulado, la industria alimenticia cree que no se deberían crear "temores subjetivos sobre el consumo" de los alimentos industrializados, como en el caso chileno o uruguayo. Eso sería "darles trato desfavorable". Sí, en cambio, se avala un etiquetado como el trabajado en Brasil. Además, estimaron que es clave una "armonización" con el Mercosur y los "estándares internacionales" para no perder mercados de exportación.

Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, afirmó a LA NACION que la industria no soporta más impuestos, menos "cuando una gran parte de la economía está en negro"

"Existe un camino de concertación, diálogo y construcción de una matriz común en donde el sector público y el privado deben trabajar en conjunto para incentivar los mejores hábitos alimenticios", indicó Funes de Rioja sobre los entornos "saludables" en los colegios. Sobre este último tema y el de la publicidad permitida no hay todavía consenso, incluso dentro de la misma industria alimenticia pese a que ésta se comprometió a trabajar con el Gobierno en diciembre pasado.