La condena impuesta refiere a un pago ilegal, de algo más un millón de dólares, recibido por el ex presidente de parte de una empresa constructora. Pese a ello, Lula, de 71 años, aspira a regresar a la cima del poder en su país. La empresa en cuestión obtuvo, en aparente contrapartida, contratos con Petrobras.

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La sentencia será seguramente apelada, pero su impacto sobre el futuro político de Lula puede ser devastador. Hasta ahora, la densa sombra de la corrupción no había provocado en él un efecto adverso.

Las graves sospechas de corrupción incluyen a la también ex presidente Dilma Rousseff y al propio Partido de los Trabajadores (PT), al que los dos ex mandatarios pertenecen. La cultura de la corrupción desgraciadamente se ha afincado en todos los rincones y estamentos de la política brasileña, a la que ha corroído profundamente.

Si la condena impuesta al ex presidente por el juez federal Sergio Moro quedara firme a pesar de la apelación, Lula estaría descalificado para ejercer cargos públicos por el doble del plazo de la pena. La valiente y expeditiva actuación del citado magistrado debería servir de ejemplo y aliciente para muchos de los jueces argentinos a cargo de investigaciones en materia de corrupción.

Esto ocurre mientras escándalos de esa índole se acumulan en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de nuestro país, ideológicamente muy cercana a Lula.

Cristina Kirchner y buena parte del desprestigiado equipo que la acompañó durante sus gobiernos suman 745 denuncias en su contra. De ellas, 298 afectan directamente a la ex presidenta.

La creciente ola de acusaciones por defraudación a la administración pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios muestra el alto grado de judicialización de la política argentina y, también, que la versión del peronismo que caracteriza el Frente para la Victoria nunca pensó que iba a ser desalojada del poder a través de las urnas, lo cual sucedió, para su sorpresa, cuando fue vencido por la coalición que encabeza el presidente Macri.

Cristina Kirchner está procesada por administración fraudulenta, imputada por lavado de dinero, investigada por diversos fraudes y hasta denunciada por encubrimiento de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

Lo de Lula, en Brasil, y lo que sucede con nuestra ex presidenta son una muestra de lo que ambos países atravesaron durante más de una década, signada por la lamentable corrupción de sus principales dirigentes políticos populistas. Esa oscura fracción de nuestras historias comienza ahora a quedar al descubierto.