Luego de los acuerdos firmados con los sectores petrolero (para Vaca Muerta); automotor; textil y calzado y el aluminio, el Gobierno avanza ahora con el rubro de biotecnología, que se sellaría en las próximas semanas. En este marco, el compromiso oficial es reglamentar la vieja ley, que data de 2007, y otorgarle a las empresas que desarrollen nuevas inversiones los beneficios impositivos de amortización acelerada de los bienes de capital en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la compra de maquinaria.

Además, el Estado garantizará financiamiento a tasas y plazos acordes al riesgo de esas inversiones. Por su parte, los privados se comprometerán a realizar nuevos desarrollos por u$s 600 entre este año y el 2019, incrementar las ventas en el mercado externo y crear nuevo empleo. En este caso, no hay participación del sindicalismo.

La secretaría de Transformación Productiva, que preside Lucio Castro, viene manteniendo reuniones con miembros de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) para diseñar el acuerdo desde hace dos meses. Fuentes de algunas empresas del sector afirmaron a El Cronista que una de las principales señales del convenio será la reglamentación de la ley, que tiene una demora de diez años y que buscará darle mayor impulso a la industria. De todas maneras, los únicos beneficios de la norma que serán reglamentados son los mencionados previamente, ya que el mensaje fue que "no hay plata" y que otras medidas específicas para el sector implicarían un alto costo fiscal que hoy no podría afrontarse.

Otro de las mejoras tributarias mencionadas en la ley 26.270 es la rebaja de las contribuciones patronales. Concretamente, menciona la conversión en bonos de crédito fiscal ;que podrían ser usados para el pago de impuestos; del 50% del monto de las contribuciones a la seguridad social, sobre la nómina salarial afectada al proyecto. También propone la conversión en bonos fiscales del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Sin embargo, la inminente reglamentación no prevé, según precisaron las fuentes, incluir este último beneficio, que igual mente estaría incorporado en la reforma integral que enviará el Ministerio de Hacienda al Congreso luego de las elecciones.

Otros de los compromisos del sector público, según el último borrador del acuerdo, es aumentar los reintegros a las exportaciones del sector, así como también impulsar una modificación del compre nacional para garantizar una demanda efectiva de productos biotecnológicos.

El objetivo del acuerdo es visibilizar un sector con gran desarrollo en el mundo y una enorme potencialidad. Luego de una década sin impulsos concretos a esta actividad, el actual Gobierno considera que es uno de los sectores estratégicos por su potencial para mejorar la productividad y generar un salto de competitividad en otras actividades industriales, como alimentos, vacunas, diagnóstico, biocombustibles, entre otras.

Fuentes de Producción aseguraron que si bien la Argentina hoy tiene fuertes capacidades científicas y empresariales en el sector, ;la actividad requiere de un marco para favorecer la aceleración de inversiones, la creación de empleo y la articulación con el sistema científico tecnológico;.

El objetivo del acuerdo, que será firmado por los ministerios de Producción, Ciencia y Agroindustria junto con la CAB, es potenciar la generación de valor a partir de políticas de financia miento productivo, desburocratización y la generación de empleo calificado. ;Los temas crediticios quedaron descartados.

"Nos dijeron que amortización de Ganancias y devolución de IVA era todo lo que había", sostuvo un empresario respecto de la reglamentación de la ley. Sin embargo, en el acuerdo que se firmará en breve quedarán expuestas las herramientas financieras que hoy están disponibles.

La industria de biotecnología está compuesta por unas 200 empresas, de las cuales el 63% se dedica a salud humana y animal, el 22% al agro y el 15% a biotecnología industrial. El 70% son pymes con menos de 50 empleados.