LA PLATA.- La Justicia volvió a suspender el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, a raíz de una medida cautelar presentada por el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, a la que hizo lugar el juez en lo contencioso administrativo N° 1, Luis Arias.

El laberinto judicial en que ingresó la disputa por los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico parecía haber sido superado la semana pasada cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio vía libre al gobierno de María Eugenia Vidal para que permita a las empresas prestatarias del servicio y cooperativas del interior bonaerense subir sus tarifas en un promedio de 58%, con picos que podrían llegar hasta el 100 por ciento.

En esa oportunidad, la Cámara otorgó un efecto suspensivo a las medidas precautelares que habían obtenido distintas asociaciones de usuarios para frenar el tarifazo. Tras esa resolución y con la mayoría de las empresas comenzando a preparar las adecuación de las nuevas tarifas, Lorenzino presentó una medida cautelar como defensor del pueblo a la que ahora el juez Arias hizo lugar.

Así, el cuadro tarifario en la provincia no podrá ser actualizado y deberán retrotraerse los valores del servicio eléctrico que cobran Edelap, EDEN, EDES, EDEA y las 200 cooperativas del interior a los costos de referencia del área Atlántica, Norte y Sur. Además, la medida determinó que no sean afectados los usuarios beneficiarios de la tarifa social, los electrodependientes, ni las entidades de bien público. "La decisión de la Justicia confirma una vez más nuestra postura de que es necesario que las tarifas sean razonables y que no golpeen el bolsillo de los usuarios", dijo Lorenzino.

Consultadas por LA NACION, fuentes del gobierno de Vidal aseguraron que aún no fueron notificados del fallo. "Cuando nos llegue la documentación se apelará la cautelar como se hizo con la medida anterior. Presentaremos los mismos argumentos y documentación para defender la resolución del Ministerio de Infraestructura", dijo un vocero oficial.

El gobierno bonaerense había emitido una resolución en la que dispuso un aumento promedio del 58%, pero a cambio exigió a las empresas prestatarias del servicio eléctrico la inclusión de un plan de inversiones y obras para este año por 580 millones de pesos y más de 5800 millones en un plazo de cinco años.

Fuentes de la Defensoría dijeron que el fallo va en línea con el dictado anteriormente por el mismo juzgado en relación a una medida precautelar impulsada por la misma Defensoría, con la que también se habían suspendido los aumentos.