Nos encontramos desandando el mes de Mayo y todavía no se ha cerrado el acuerdo paritario nacional. Por un lado debemos destacar el diálogo privado mantenido con la Federación Gremial del Personal de la Carne y sus Derivados liderados por su Secretario General José “Beto” Fantini y la predisposición de la Industria. Muchas empresas voluntariamente han dado adelantos o anticipos de salarios a cuenta de futuros aumentos y que por dicho motivo no existe mayor conflictividad. Por otra parte, el ministerio de Trabajo por el momento se ha mantenido ausente y no ha convocado a una sola audiencia luego de que el año pasado se comprometieran tanto el ministro de la cartera Laboral Jorge Triaca como el de AgroIndustria Ricardo Buryaille a colaborar para acordar una UNICA escala salarial aplicable en todo el país.

El acuerdo salarial no se reduce solamente a contar con una UNICA escala salarial vigente. Si bien es obligación del ministerio de Trabajo y de los organismos de control (AFIP, SUCCA, SRT) velar por su aplicación y por el pago de aportes y contribuciones que de la misma derivan, también se debe controlar el pago a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que representan hasta un 20% de la masa salarial. Esos controles son obligatorios y necesarios para evitar la precarización laboral de los trabajadores y evitar la competencia desleal entre las empresas. Es parte de la ansiada transparencia que la industria reclama y que el Gobierno a través del Presidente se ha comprometido a realizar.

En el análisis de la faena de Abril se advierte una fuerte caída respecto a Marzo aun cuando el cuatrimestre muestra una faena superior respecto a igual periodo del año anterior, el cual se puede explicar por una mayor participación de las exportaciones fundamentalmente con destino a China.

La participación de las hembras se mantiene en torno al 42% y eso hace presumir que el periodo fuerte de retención ha cesado, por ende el destino final de alrededor del 70% de la producción de terneras es el consumo interno lo que se refleja en el mayor nivel de encierre de los feedlots que según estimaciones privadas llega al 66% de la capacidad instalada en los encierres intensivos de ganado.

En función de esos datos, el actual precio del pollo cuya relación con el precio de la carne vacuna que lleva IPCVA es de 3,5 a 1 kilos y la mayor oferta de carne de cerdos, nos hace presumir que la competencia de precios será en beneficio del consumidor pero que traerá consecuencias en la cadena comercial bovina que no puede absorver los incrementos de costos salariales y de servicios y con valores en baja de recupero por cuero.

En razón de esta particular coyuntura consideramos que es indispensable revisar la presión fiscal, fundamentalmente impuestos distorsivos como son los impuestos a las ventas finales como ingresos brutos y tasas municipales y todas aquellas tasas de reinspección bromatológica y de servicios que se imponen localmente.
Sería un error en este contexto elevar el monto de caución por la faena de animales livianos ya que alentaría el comercio marginal y bajaría más el precio de la ternera de invernada (ampliando la diferencia con el macho) que luego, como es un producto buscado por el sector minorista de grandes ciudades, se vendería a un precio mayor atentando así contra la industria formal.

Por último debemos resaltar la decisión del Gobierno de la Provincia de Córdoba que firmó un acuerdo con SENASA para elevar el estatus de la industria frigorífica provincial a nivel de tránsito federal y el compromiso asumido por los Gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba en el marco de la Región Centro para hacer lo mismo pero a través de las respectivas leyes locales, esto constituye un hecho histórico y trascendente que de lograrse será el inicio de una nueva era para la cadena de ganados y carnes.