El primer paro general de la CGT contra la gestión de Mauricio Macri dejó una curiosa sensación de conformidad en el heterogéneo mapa de protagonistas. Mientras que para los sindicatos la huelga de ayer fue "total y contundente", el Gobierno relativizó el impacto y, sin precisar cifras, dijo que el nivel de adhesión fue "disímil" en todo el país.

La izquierda sindical y grupos piqueteros, otros actores centrales de la jornada, visibilizaron su descontento con la política oficial al bloquear los accesos a las grandes urbes. Esta vez, el Gobierno aplicó el protocolo antipiquetes y dispuso que la fuerzas desalojen a los activistas. La cima de tensión se alcanzó en los cortes de Panamericana y 197, en Pacheco, y en el puente Pueyrredón. El enfrentamiento con la Gendarmería dejó cuatro manifestantes detenidos y seis heridos.

La CGT se distanció de los incidentes y rechazó la represión.

La huelga fue en contra de la política económica y por el incumplimiento del pacto antidespidos sellado con empresarios e impulsado por la Casa Rosada. También fue en oposición al límite de suba salarial que busca imponer el Gobierno para que las paritarias cierren en torno al 18 por ciento para no superar la previsión inflacionaria oficial.

Desde la madrugada de ayer, y durante casi todo el día, las calles de las principales ciudades del país estuvieron despobladas como si fuera un feriado (aunque en las ciudades más chicas el efecto fue menor). Hubo altos índices de ausentismo en fábricas, empresas y escuelas debido a la adhesión total de los sindicatos del transporte público de pasajeros, que fueron, en definitiva, el músculo más vigoroso para garantizar el alto acatamiento de la medida de fuerza (sólo en los taxis se vieron disparidades).

El paro también escenificó la grieta que surca al país. Los seguidores de Macri y sectores de ciudadanos comunes convirtieron la consigna de ir a trabajar en un acto de militancia, y lo reflejaron con consignas a través de las redes sociales o carteles en los comercios que decidieron levantar sus persianas (en la Capital Federal hubo muchos negocios y supermercados abiertos). Esta postal no se había registrado en las huelgas contra la gestión de Cristina Kirchner. En tren de neutralizar el impacto, el Gobierno intentó hasta último momento persuadir a diferentes gremios con subsidios, subas salariales y advertencias de sanciones por el incumplimiento de reglas internas de cada organización.

Macri se refirió ligeramente al paro desde el Foro Económico Empresario de América Latina, que se desarrolló en Puerto Madero y que en la jerga empresarial fue denominado el mini-Davos de la región. "Qué bueno que estemos aquí trabajando", les dedicó el Presidente a los hombres de negocios.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca , dijo que el paro "fue innecesario" y ratificó que activará mesas de diálogo sectoriales para atender los problemas de cada rubro, lo que habilitaría una instancia para reconstruir el vínculo con la CGT.

Triaca insistió en que hubo una intencionalidad político-electoral de algunos gremialistas y minimizó el impacto de la huelga con el argumento de que el empleo se está recuperando y que los despidos son aislados. Para el Gobierno, además, la situación económica ya ha dado muestras de mejora y la inflación está en caída. "Hay diferentes diagnósticos. Hay reclamos de hoy que muchos sindicalistas no se los hicieron al otro gobierno", se quejó el funcionario.

Para la CGT, en cambio, la inflación en 2017 sería mayor que los pronósticos oficiales (entre 12 y 17%), y los empresarios y el Estado, en su rol de empleador, continúan con el despido de personal. Además, distingue cierta animosidad del Gobierno a partir de las referencias a las mafias que hizo el Presidente y de las advertencias para transparentar las elecciones internas de los sindicatos.

"No estamos promoviendo ninguna fogata social y no hay especulación partidaria", respondió a los argumentos oficiales Juan Carlos Schmid , uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

Carlos Acuña, otro de los referentes cegetistas, reconoció que la huelga "no arregla nada", aunque reconoció que "es una herramienta constitucional para que el Gobierno escuche los reclamos". Y Héctor Daer, otro de los jefes, se refirió a la intención oficial de reducir los costos laborales y advirtió sobre los coletazos que tendrá en la industria nacional no modificar el rumbo económico.

A través de diferentes interlocutores, el Gobierno y la CGT ya avanzan en la reconstrucción del vínculo tras el paro. Triaca anticipó a LA NACION un cronograma de mesas sectoriales y podría sellarse la próxima semana la paritaria de la Uocra en un 20% anual. Desde ambas orillas garantizan un prudente acercamiento, aunque los gremios no descartan recurrir a la clásica política de mano dura y mano blanda para negociar beneficios bajo presión y capitalizar el impacto del paro.