CÓRDOBA.- Los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Miguel Lifschitz (Santa Fe) no llegaron a un acuerdo sobre las obras hídricas que resolverían los desbordes de la laguna La Picasa -ubicada entre las tres provincias- que, otra vez, anegaron la ruta nacional 7 y complican el trabajo de los tambos y las tareas de la cosecha.

La oposición de Buenos Aires a la construcción del canal Alternativa Norte para drenar cinco metros de agua por segundo hacia su territorio fue la clave del encuentro. Hace unos meses, esa provincia firmó un acta aceptando recibir por bombeo esa cantidad de agua, pero ahora rechazó el canal.

"El bombeo es antieconómico por los costos de la energía -explicaron a LA NACION en Recursos Hídricos de la Nación, que también participó del encuentro-. Es una solución de coyuntura pero no la salida para un problema estructural".

Las dos estaciones de bombeo existentes tienen problemas. La de Santa Fe no funciona porque está desbordada y la de Córdoba trabaja sólo unas horas por día. Así, el panorama para bajar los niveles de la laguna es muy complejo.

Vialidad Nacional señaló que durante la emergencia ya se usaron 350 millones de pesos en la ruta 7 -que une Buenos Aires con Mendoza y llega a Chile. Fueron para movilizar 2000 camiones de 35 toneladas de piedra cada uno como paliativo para que el agua no avance sobre el asfalto.

Juan Carlos Duhalde, coordinador del Comité de Cuenca de La Picasa, ratificó ante LA NACION que sin la construcción de una elevación de los vertederos para retener el agua y del canal de extensión aguas abajo, los problemas seguirán. La próxima semana habrá una reunión técnica por las obras, mientras se continuará trabajando en la inspección y cierre de canales clandestinos en toda la zona.

Por otro lado, el gobierno nacional publicó anteayer en el Boletín Oficial el llamado a licitación para el reacondicionamiento del Canal San Antonio, cuyas propuestas se abrirán el 17 de abril. La obra es para el tramo San Francisco-Río Carcarañá.

Unos meses atrás la Nación se había comprometido a destinar $ 750 millones para los trabajos que aliviarán la situación de 600.000 hectáreas productivas y alrededor de 200.000 personas de Córdoba y Santa Fe.