El Gobierno puso en marcha el grueso de los aumentos tarifarios que tiene previsto para este año. Con la inflación de febrero en 2,5%, un lapidario informe sobre la pobreza que difundió anteayer la UCA y el recuerdo de la molestia que despertaron los incrementos en 2016, los funcionarios a cargo de presentar los ajustes repitieron cada vez que pudieron la palabra "gradualismo".
El ministro de Energía, Juan José Aranguren , puso en marcha ayer las
audiencias públicas para tratar los nuevos aumentos del precio mayorista del
gas. Según los números que mostró ayer, que ya había dado a conocer el año
pasado, un cliente de bajo consumo pagará desde el 1° de abril próximo US$ 2,62
por millón de BTU (la unidad de medida), que representa un alza en dólares de
21%. Esa cifra no incluye los servicios de transporte y distribución, cuya suba
aún está en discusión.
El mismo ejemplo llevado a un consumidor intermedio, como el de una casa chica,
arroja un incremento de casi 10%, mientras que un usuario de alto consumo tendrá
un ajuste apenas superior al 4%. Así, los consumidores pagarán un 55% de lo que
cuesta el insumo, mientras que el restante 45% será cubierto por el Estado a
través de subsidios.
Aranguren no se refirió ayer a los ajustes en transporte y distribución, que
representan a razón de un 30% de la factura de gas, y contempla la remuneración
de las empresas que se encargan de llevar el gas desde los yacimientos mediante
sistemas de transporte (lo hacen TGN y TGS) y de distribución (Metrogas, Gas
Natural Fenosa).
En diciembre del año pasado el Enargas, que regula el sector gasífero, le pidió
a las empresas que realizaran ejercicios con ciertas cifras. Eso arrojó que un
usuario de la Capital o del conurbano bonaerense que en octubre pasado pagó una
factura de $ 96 mensuales debería desembolsar $ 168 por el mismo servicio, desde
abril con un incremento del 75%. Esas cifras aún están en discusión por los
condicionantes del año político y el arranque lento que muestra la economía.
Esta semana, por ejemplo, Aranguren confirmó que el Gobierno repartirá los
aumentos de toda la factura en tres meses (abril, noviembre y abril del año
próximo) con vistas a moderar el impacto en el bolsillo de los consumidores. En
esa misma línea, no sería extraño que el Gobierno otorgara un aumento menor al
solicitado por las empresas.
A los usuarios cuyas facturas con aumento superen los $ 250 finales se les aplicará un tope de suba de entre 300% (para los de menor consumo) y 500% (para los hogares que más demandan), confirmó Aranguren. En caso de los comercios, el límite será de 500%. En todos los casos, la comparación es contra el mismo período del año anterior.
El Gobierno seguirá aplicando bonificaciones para quienes ahorren 15% o más con respecto al mismo período del año pasado. Así, un hogar de bajo consumo tendrá un descuento del 50%, uno intermedio del 30% y uno de alto, del 20 por ciento.
Junto a los aumentos de gas, el Gobierno ya definió la propuesta de aumentos en la tarifa de agua que llevará Aysa a las audiencias públicas del próximo 6 de abril. Esa reunión será el puntapié inicial para un cambio estructural en la manera de cobrar por los servicios de agua y cloacas, dado que se pasará de un cálculo en base a los metros cuadrados de las propiedades a otro que toma en cuenta principalmente el consumo.
Tanto para consumos hogareños como para los clientes no residenciales de Aysa el aumento será de 23% y regirá a partir de mayo, siempre que se aprueben las nuevas tarifas que la empresa llevará a la audiencia pública. Abarcará a 2,8 millones de clientes residenciales.
De esa manera, una casa de 70 metros cuadrados (m2) cubiertos en Villa Fiorito que hoy paga $ 101,79 por bimestre por el servicio de agua deberá desembolsar 125 a partir del nuevo ajuste.
En el otro extremo, un departamento de 150 metros cuadrados en Puerto Madero, con ambos servicios, pagará tras el aumento $ 1157, contra los $ 940 actuales.
La nueva facturación en base al consumo, que sólo se puede aplicar sobre los clientes que tienen el servicio medido, permitirá a ciertas dependencias bajar su demanda. Según los cálculos de la empresa, el agua bajará para el 70% de los clientes no residenciales. También seguirá el programa de tarifa social.