El primero, ser el hijo de Franco Macri, un próspero empresario acostumbrado a hacer negocios con el Estado; el segundo, el prejuicio de muchos acerca de que el suyo iba a ser un gobierno para los ricos. En medio de las sospechas que desató el acuerdo gestado por su gobierno por la deuda del Correo Argentino, sorprendió que el Presidente iniciara su conferencia de prensa de ayer confesando su error de no haber pensado en mecanismos frente a controversias judiciales como ésta, en la que justamente su padre formaba parte. Ahora, el primer mandatario decidió dar marcha atrás con lo actuado por su ministro de Comunicaciones para volver a "foja cero" y dar participación al Congreso en la evaluación del expediente. Siempre es preferible corregir un error tardíamente a no enmendarlo nunca. Lo preocupante es que el Gobierno se enreda con llamativa frecuencia en sus propios errores no forzados.

Lo ocurrido con la resolución de la Anses de modificar la fórmula de cálculo de los aumentos jubilatorios, que derivó en un incremento en los haberes levemente menor que el previsto, es otro ejemplo de impericia e improvisación política, más allá de justificaciones técnicas que ni el más avezado de los comunicadores podría explicarle a un jubilado. Fue una decisión impensable en un gobierno que denodadamente trata de que no se lo asocie con la insensibilidad social. La decisión de dejar sin efecto esa resolución, que felizmente para Macri no llegó a ser publicada en el Boletín Oficial, le ahorra un problema al Gobierno, pero deja también la sensación de que un presidente no puede estar todo el tiempo deshaciendo lo que sus colaboradores anuncian 24 horas antes.

Tiene razón el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, cuando señala que no los pueden correr por veinte pesos -la aparente pérdida que iban a sufrir las jubilaciones mínimas si salía la anulada resolución de la Anses- quienes aplicaron una política previsional que con sus aumentos jubilatorios asimétricos llenó de juicios al Estado e ignoraron sistemáticamente las sentencias favorables a la clase pasiva.

La hipocresía de sectores kirchneristas que, cuando estuvieron en el gobierno, no dudaron en utilizar los recursos del Estado para favorecer negocios de la familia presidencial estuvo a la orden del día. Su estrategia es clara: persuadir a parte de la ciudadanía de que los dirigentes macristas no son diferentes a ellos. El mensaje, que apela al escepticismo general, es que todos son igualmente corruptos. Y si todos son corruptos, no hay acto de corrupción pública pasible de ser juzgado.

Es probable que la mayor parte de la sociedad no sepa con precisión qué se está discutiendo en torno del Correo ni de las supuestas inconsistencias de la ley que estableció la forma de ajustar los haberes jubilatorios. Pero la opinión pública se sensibiliza cuando escucha que el Gobierno estaría por condonarle una deuda a la familia del Presidente y que, al mismo tiempo, busca recortarles algún punto de aumento a los jubilados. Y si esto ocurre casi al mismo tiempo que se anuncian fuertes aumentos en peajes y en tarifas, nadie podría negar que, como mínimo, algunos funcionarios han pecado de ingenuidad política en un año electoral.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores kirchneristas hablaron durante horas como si la corrupción hubiese empezado en estos días. Difícilmente sea el kirchnerismo el que capitalice las chapucerías oficiales, pero hay otros sectores políticos, como el liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que sí podrían hacerlo.