La entrega en capítulos para modificar el mínimo no imponible de ganancias y las escalas, estuvo concentrada solo en los empleados en relación de dependencia. Algo se habló de los monotributistas, pero los autónomos somos algo así como una casta inferior en el sistema tributario argentino. Tampoco se debatió el ajuste por inflación de los balances de las empresas para aplicar el impuesto a las ganancias. Tanto autónomos como las empresas pagamos un impuesto a las ganancias sobre utilidades inexistentes. Son solo aumentos de precios.

El caso de autónomos muestra el disparate sobre cómo se legisla impositivamente en Argentina. Tomo mi caso como ejemplo que también vale para abogados, médicos, etc.

Yo soy responsable inscripto. Ahora bien, emito facturas por asesoramiento y cuando tengo que liquidar ganancias tengo que deducir los costos de producción. En la mentalidad retrograda que impera en argentina costo de producción es solo algo material, los costos inmateriales no son considerados costos de producción.

Por ejemplo, si yo produjera chorizos, podría deducir del precio de venta el costo de la carne, el hilo, la tripa, etc. ¿Por qué? Porque el limitado tributarista que legisla puede ver el objeto que se está deduciendo del costo de producción. Puede ver el hilo, puede ver la tripa, etc. y por lo tanto entiende que ese es parte del costo de producción que hay que deducirlo del precio para determinar la ganancia.

Ahora, tomemos el caso de un economista que tiene que explicar la situación económica. Mis colegas saben muy bien que para hacer una presentación de una hora y media hay que leer nuevos papers, leer información nueva, buscar datos, cotejar la consistencia de los mismos. Relacionar las variables, etc. O sea, no es que los economistas nos paramos frente al auditorio y nos ponemos a hablar lo primero que se nos pasa por la cabeza (algunos lo hacen). Un trabajo serio requiere de un esfuerzo de búsqueda y elaboración de información, además de estudiar nuevos ensayos. Esto último sería parte del costo de producción o también podría ser considerado como si uno comprara un nuevo stock de capital.

Pero resulta que el tributarista no entiende que para hacer una presentación sobre la situación económica hay todo un costo de producción intangible que es el mencionado: buscar datos, procesarlos, relacionarlos con otros datos, leer información, papers, etc. Puesto en otra forma, el costo de producción del economista no es solamente el costo del cartucho de la impresora y el papel. El costo de producción es ese intangible que los tributaristas, como no lo ven, para ellos no existen. Al no considerarlo, el impuesto a las ganancias termina transformándose en un impuesto a los ingresos brutos, en mi caso es un impuesto del 35% a los ingresos brutos porque no puedo deducir casi nada como costo de producción.

Es más, en los profesionales nuestro físico tiene una determinada resistencia. A lo largo de los años se va desgastando y por lo tanto, siendo que nuestro físico es parte de nuestro stock de capital como profesionales, debería tener algún tipo de amortización. Lo digo muy seriamente. El resto físico que se tiene cuando uno está en los 35 años es muy diferente al que uno tiene cuando está en los 70 años.

Todas estas locuras impositivas responden a un estado que hace del aumento del gasto público su instrumento fundamental para captar votos. Para eso necesita tener recursos de los contribuyentes a como dé lugar y ese a como dé lugar significa establecer normas tributarias que van violando los derechos individuales. Documentación a la que el ente recaudador debería poder acceder por orden judicial y con causa fundada es requerida por funcionarios de recaudación impositiva violando el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”. En castellano básico, el ente recaudador viola la Constitución cuando exige ver papeles privados. Qué le facturo a un cliente, por qué le facturo, cómo me lo paga, son cuestiones de los particulares que el estado no puede meterse sin causa fundada. Sin embargo en Argentina aceptamos como normal esta violación como si fuese normal que el estado pueda usar el monopolio de la fuerza para violar los derechos.

Asistimos, entonces, a un doble problema con el sistema fiscal. Por un lado es confiscatorio porque aplica tasas sobre utilidades inexistentes. Por otro lado es violatorio de los derechos individuales.

En todo el debate sobre ganancias, nunca no se consideraron los derechos individuales, sino que todo se limitó a ver hasta dónde se puede desplumar a la gallina (el contribuyente) sin que la gallina cacaree y a qué sector desplumar sin perder votos.

El problema de ganancias ha adquirido dimensiones que nunca se habían alcanzado en Argentina porque el gasto público no había llegado a los niveles que llegó con el kirchnerismo. Fue tal el despilfarro del gasto público que hubo que incrementar la carga fiscal hasta niveles asfixiantes. Y para poder recaudar esa asfixiante carga tributaria necesitan violar los derechos individuales.

Por otro lado, mucho se ha insistido con que el salario no es ganancia. Falso. El salario es el ingreso que tiene una persona por vender su trabajo. A ese ingreso se le deben descontar los gastos de producción y se llega a la ganancia de la persona en relación de dependencia. Desde el punto de vista económico el salario es el ingreso que recibe una persona por vender su trabajo, de la misma forma que el ingreso de un autónomo es lo que factura por vender sus servicios. Luego habrá que descontar los costos de producción y llegar a la ganancia sobre la que debería tributarse.

En síntesis, dentro de este disparatado sistema tributario, los autónomos somos el último orejón del tarro por la sencilla razón que no tenemos ningún dirigente sindical que nos represente. En Argentina no rige el principio de igualdad ante la ley, sino quién tiene mayor poder de extorsión política.

En definitiva, en nombre de la solidaridad social se castiga a los innovadores y a los que más ganan haciendo aquello que beneficia a sus semejantes, en tanto que los que tienen mayor presión de lobby y de extorsión política terminan siendo más iguales ante la ley que el resto de los ciudadanos, por eso somos un país decadente, porque se castiga al innovador, al que se esfuerza y al emprendedor y se beneficia al que quiere vivir a costa del trabajo ajeno.

En el listado, los autónomos somos los que salimos peor parados.

Fuente: Economia para Todos