Volvieron las negociaciones y retornó la política. Pero para llegar a esta nueva instancia Mauricio Macri y sus primeras espadas de la Jefatura de Gabinete debieron admitir equivocaciones a fin de recuperar la iniciativa política y poder seguir administrando poder.

No bien regresó de China, hizo su reaparición Rogelio Frigerio, que no sólo es el hombre con mejor diálogo con los gobernadores, sino también quien conoce mejor que nadie las necesidades fiscales de las provincias. También entró en acción el titular de la AFIP, Alberto Abad -siempre bien visto en el peronismo-, para traducir en números el impacto fiscal que provocaría el apresurado proyecto de la oposición aprobado en la Cámara de Diputados y resistido por el Gobierno. Y, finalmente, de la mano del vicejefe de Gabinete y virtual comandante en jefe de las negociaciones, Mario Quintana, volvió el diálogo con la CGT, ante cuyos líderes el funcionario esbozó una autocrítica.

A fuerza de diálogo, no exento de la amenaza de recortes en obras públicas con las que deberían beneficiarse las provincias -la típica estrategia del látigo y la chequera-, el Gobierno persuadió a gobernadores y ministros de Economía provinciales sobre la inconveniencia del proyecto que pergeñaron massistas y kirchneristas en Diputados y que logró 140 votos.

Hay en el oficialismo confianza en que la semana próxima, tras las innumerables reuniones multisectoriales previstas, habrá consenso en un nuevo proyecto que contemple un equilibrio entre las mejoras a los asalariados y las necesidades fiscales. Si las negociaciones fracasan y el Senado convalida la iniciativa aprobada en Diputados, queda la alternativa del veto presidencial. Aunque en el propio oficialismo ya no se habla tanto de esta opción: no se la quiere, por cuanto se reconoce que generaría una tensión política y social no deseada en medio de las fiestas de fin de año. "Volverían los fantasmas a los que el kirchnerismo nos quiere llevar y no deberíamos darles el gusto", explican en el macrismo.

Hay algo que Macri definitivamente quiere dejar atrás: los nuevos impuestos a la renta financiera y a las utilidades empresarias ideados por la oposición, junto a la reinstalación de las retenciones a la minería. Es que el mensaje de la oposición con esta última medida es preocupante para cualquier inversor. Se está diciendo, lisa y llanamente, que cualquier incentivo impositivo que imponga el Poder Ejecutivo para conseguir inversiones podría ser anulado por un Congreso dominado por la oposición. Y aunque esto haga al juego político propio de una democracia, hace que muchos empresarios duden de que la gobernabilidad esté garantizada.