El impuesto a las ganancias podría no ser un derrota política para el Presidente si las decisiones del Senado se postergaran y se abriera, en cambio, una amplia negociación para definir ese impuesto.

No obstante, nada estaba definitivamente terminado y todas las alternativas estaban abiertas. La única victoria cierta del Gobierno, hasta anoche, era dialéctica: todos los exponentes serios del peronismos, entre senadores y gobernadores, consideraban que el proyecto de Sergio Massa y Áxel Kicillof era inviable (para usar el calificativo más elegante que se escuchó).

El bloque de senadores peronistas no sabía ayer si habría un solo despacho de comisión y menos aún si lograría reunir hoy los dos tercios de los votos del Senado que se necesita para habilitar el tratamiento del proyecto. La presión de los gobernadores había comenzado a tener efecto. Hasta ahora, gran parte de los mandatarios provinciales había confiado en que entre el precipitado proyecto de la oposición en Diputados y sus bolsillos se interpondría el veto del Presidente. Que Macri pagara, entonces, el costo político.

Esa certeza de los gobernadores se derrumbó cuando el gobierno federal dejó trascender que estaba dispuesto a un veto parcial del proyecto. Es decir, dejaría el impuesto a las ganancias tal como lo aprobó Diputados y vetaría toda la parte relacionada con nuevos impuestos o restitución de retenciones.

El Gobierno, se dijo, compensaría la caída de la recaudación no girando adelantos de dinero a las provincias y reprogramando el envío de recursos para obras públicas. Hubiera sido una salida desesperada y audaz: los problemas de las provincias, cuando no están motivados por la impericia manifiesta de los gobernadores, terminan siempre explotando en el despacho presidencial.

De cualquier forma, es cierto que la modorra de los gobernadores fue sorpresiva para un Gobierno que esperaba una devolución de favores. Macri les restituyó a todas las provincias el 15 por ciento que se les retuvo indebidamente durante muchos años para financiar la Anses.

Podrá decirse que esa decisión estuvo respaldada en una resolución de la Corte Suprema, pero el tribunal sólo había reconocido los derechos de tres provincias (Córdoba, San Luís y Santa Fe). El resto de las provincias debía recorrer el mismo camino judicial de las tres beneficiadas por la decisión de la Corte. Macri les abrevió el trámite y les propuso un programa de devoluciones que comenzó en el acto y que concluirá en cinco años. También les aseguró que no habría discriminación en la distribución de las obras públicas.

A partir de entonces, los gobernadores peronistas se agruparon en varias franjas. La más dura con el Presidente es la que lideran los gobernadores de Formosa y La Pampa, Gildo Insfran y Carlos Verna. La más dispuesta a buscar soluciones acordadas con el macrismo la expresan los mandatarios de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey. El resto oscila en el medio, cambiante entre una corriente y otra. De hecho, fueron Urtubey y Schiaretti los únicos que en estos días mostraron de manera clara e insistente que el peronismo tiene todavía reservas de responsabilidad política.

El arrebato opositor de los senadores peronistas perdió fuerza en la medida que los gobernadores comenzaron a cuidar sus propios recursos. El bloque de senadores necesita, con todo, un gesto del Gobierno para retener el proyecto y no sancionarlo.

Imaginaron una convocatoria amplia, que debería hacer el gobierno nacional, que incluyera a dirigentes sindicales, a gobernadores y a legisladores para acordar un "nuevo sistema de impuesto a las ganancias". Sin decirlo explícitamente, los senadores peronistas descalificaron el proyecto de la Cámara de Diputados. Un "nuevo sistema" significa que el sistema de Massa y Kicillof no sirve. Esa victoria sobre Massa, discursiva por ahora, alegró al gobierno de Macri.

El tímido borrador de acuerdo comenzó a escribirse en una reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el jefe de la bancada peronista de senadores, Miguel Pichetto.

Pichetto fue acompañado por dos senadores moderados, Omar Perotti y Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador y tan explícito como éste en el cuestionamiento al proyecto de Massa. Pichetto insistió con una posición que tiene su lógica política: el proyecto de Diputados sólo podría frenarse, dijo, con una iniciativa superior. Los peronistas no pueden, subrayó, darle la espalda al resto del peronismo y, sobre todo, a la CGT.

El Gobierno, a su vez, trataba ayer de enmendar el error, que los propios funcionarios aceptaban, de no haber hecho participar a la CGT en el proyecto oficial sobre el impuesto a las ganancias.

No decidió aún si la reunión se haría entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la cúpula cegetista, o si esperaría para incluir a los dirigentes gremiales en una convocatoria más amplia. Todo era "dinámico", según un funcionario que está en el centro mismo de las tratativas.

¿Por qué el Gobierno envió al Congreso un proyecto que no tenía los votos necesarios y que no estaba dispuesto a negociar? Altas fuentes oficiales señalaron dos motivos. El primero fue que el envío de ese proyecto había sido acordado con el peronismo, para que le aprobara el presupuesto en el Congreso, y con la CGT para que ésta no hiciera un paro general antes de fin de año.

Nunca imaginó que Massa madrugaría al Gobierno con el anuncio de un proyecto propio un día antes de que la administración presentara el suyo. Fue sólo un anuncio verbal de Massa, porque presentó su proyecto escrito un día después de que se conociera el del Gobierno. La típicas carreras de Massa por llegar primero.

Lo segundo que sucedió es que Mauricio Macri dijo "basta" a la generosidad fiscal, incluso después de haber enviado el proyecto a Diputados. No podía haber negociación por lo tanto, al menos en los términos en la que la planteaba Massa.

Por esos días, el Presidente también le ordenó al ministro Triaca que no homologara un acuerdo con el sindicato bancario para un importante bono de fin de año (de entre $ 8.000 y $ 12.000). El acuerdo había sido firmado por los bancos nacionales privados y por los tres principales bancos públicos, el Nación, el Provincia y el Ciudad. Los únicos que no quisieron firmar fueron los bancos extranjeros con el argumento de que no podrían explicar semejante regalo ante sus casas matrices.

Macri temió otra cosa: que ese acuerdo contrastara con los de otros sindicatos y el asunto por el bono de fin de año se planteara de nuevo. Después de haber abierto el bolsillo para gobernadores, jubilados y movimientos sociales, volvió el viejo y austero Macri. Basta, repite ahora hasta el cansancio.

Firman el decreto para eximir el aguinaldo

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto por el que se exime de manera parcial el pago del impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre. Así lo confirmó el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Según lo previsto, quedarán al margen del impuesto hasta $ 15.000 del medio aguinaldo, siempre que el salario o la jubilación mensual no supere los $ 55.000 (brutos). De esta manera, para un sueldo de $ 30.000, la totalidad del pago estará eximido del tributo. En cambio, si alguien cobra un ingreso de $ 50.000, y le corresponde un pago de $ 25.000, de ese monto $ 15.000 quedarán exentos y $ 10.000 estarán sujetos al pago de Ganancias.