El Grupo First aprovechó la vigencia del blanqueo de capitales para lanzarse al negocio de los fondos comunes y presentar ayer uno especialmente diseñado para invertir en el agro, esquivar el pago de la multa y del impuesto a las ganancias (ya que se trata de activos que cotizan) y recibir pagos semestrales de intereses.

El instrumento, denominado First Renta Agro Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260, está nominado en dólares (se suscribe y paga renta y devuelve capital en esa moneda) y aprovecha que la ley favorece el financiamiento de actividades productivas y economías regionales para volcarse a invertir en activos variados y de distintas regiones del país, para diversificar riesgos.

La compañía, especializada en el asesoramiento financiero corporativo, fue la encargada hace 10 años de llevar adelante la primera securitización de activos en el país. "Y ahora espera explotar el conocimiento y la experiencia desarrollando asesoramiento a compañías de la agroindustria", explicó anoche su vicepresidente Ejecutivo, José Luis Garófalo, al hacer la presentación ante clientes e invitados en el Malba. Aludió a las 70 transacciones de mercado por más de $ 5000 millones que llevan concretadas. Entre ellas, First emitió para Agrofina, Don Mario y Red Surcos entre otras firmas del sector.

Miguel Arrigoni, presidente de First, por su parte, explicó las eficiencias fiscales del fondo (cuya oferta está en trámite de autorización ante la CNV) dado que, al invertir en papeles que cotizan, estará exceptuado de Ganancias, y del pago del impuesto al cheque. "El suscriptor sólo paga Bienes Personales", destacó. Además dijo que se trata de un producto singular ya que el resto de los vehículos de este tipo que se ofrecen son para inversiones inmobiliarias o en proyectos de energía. En la presentación se explicó que el fondo prevé pagar una renta del orden del 6% anual durante sus cinco años de duración y lo hará "semestralmente".

El fondo, que prevé captar unos US$ 86 millones, es cerrado por lo que tiene un piso de inversión mínima fijado en US$ 250.000 y de apuesta máxima por US$ 10 millones, que es lo que define la ley porque apunta a inversores "calificados".