Todas las encuestas dicen que el capital político del Gobierno se encuentra en la credibilidad que genera y en las expectativas por un futuro mejor. Por esta razón, el anuncio realizado esta semana en Olivos de no cumplir la rebaja de 5 puntos a las retenciones de soja a cambio de una rebaja gradual a partir de 2018, fue una decisión riesgosa. Se pone mucho en juego. La credibilidad es una cuestión delicada a la que es mejor no andar zamarreándola. Y, como se sabe, construirla lleva años y perderla sólo un instante.

En la conferencia de prensa que brindó el presidente Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete; Marcos Peña, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el titular del Plan Belgrano, José Cano, la promesa incumplida se reconvirtió en un decreto que reduce las retenciones desde el 30 de enero 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 a un ritmo del 0,5% por mes. En enero 2019 la retención a la soja quedará en 18%. Así la palabra dada fue canjeada por un papel firmado. Se podría especular que lo que los productores perdieron con la demora en la baja de las retenciones a la soja, lo recuperaron al tener un mayor grado de certidumbre sobre la futura marcha de las rebajas.

Sin embargo, hay más tela para cortar. Vale la pena tratar de entender las razones que llevaron al presidente Macri a romper su promesa de campaña. ¿Fueron sólo económicas?

Es cierto que por ahora la inflación, el gasto público y el déficit fiscal están muy lejos de domarse y entrar en caja. Pero los números en cuestión parecen más una excusa que un obstáculo. La pérdida de recaudación por bajar 5 puntos la soja son cerca de 1000 millones de dólares. No llega al 1% del presupuesto nacional. En estos tiempos de apertura al mundo y a los capitales no parece una cifra difícil de financiar. Por otro lado, hay que contabilizar también que una baja de las retenciones sumaría hectáreas a la soja, el único cultivo en el cual el Estado sigue recaudando y participa como socio mayoritario en el 30% de los ingresos.

Y para seguir dudando de que la decisión presidencial se debió a los problemas económicos hay que tener en cuenta el resto de los anuncios que se realizaron en Olivos. De los 1000 millones de dólares o 15.000 millones de pesos que el Gobierno seguirá recaudando por el 5% de las retenciones a la soja, cerca de 6000 millones de pesos volverán a la producción en la forma de reintegros en las diez provincias integrantes del Plan Belgrano, el Fondo rotatorio por 1700 millones o la implementación de 1800 millones en cuestiones sanitarias. Y los productores sojeros de las provincias del plan Belgrano tendrán a partir de marzo su rebaja del 5%. "Esta medida ayuda porque lo números de la soja en el Norte son muy finitos. Esto va agregar superficie sembrada", reflexionó José Macera, presidente de Desdelsur.

Estos 6000 millones de pesos convierten al ministerio de Agroindustria en el gran ganador ya que cuenta ahora con fondos para realizar políticas activas.

Con la calculadora en la mano es fácil observar que el motivo de romper la promesa de campaña no se explica por los números de la economía sino por la política.

Para buena parte de los ministros bajar otro 5% de retenciones a la soja significaba darle al Gobierno un empujón a la derecha. Este resquemor se ve potenciado ante el interrogante que generan las elecciones del próximo año. Y llegó a tal grado el nivel de cautela de no hacerle pagar al gobierno los costos políticos de la decisión que la medida fue aceptada y comprendida por la mayoría de la dirigencia gremial. Coninagro consideró que aceptaba postergar la disminución de las retenciones "ante las necesidades e inconvenientes económicos por los que atraviesa nuestro país, y con el fin de atender a otros sectores sociales con mayores necesidades". Cartez fue aún más enfático. "Con un 33% de la población sumida en la pobreza, el sector agropecuario vuelve a sacrificar parte de sus recursos para ponerse la patria al hombro", afirmó.

Más allá de estas consideraciones atendibles, no se puede pasar por alto que la motivación política de la decisión del gobierno es un gol en contra al debate productivo. Guste o no, se impuso el lobby industrialista y el discurso kirchnerista que logró etiquetar a la baja de retenciones como politicamente incorrectas.

Queda entonces seguir debatiendo que la pobreza no se supera con impuestos distorsivos, sino con más producción.