Y, como otras veces, debe agradecerle a la inagotable cantera de episodios grotescos en la que se ha transformado el kirchnerismo.

Una semana atrás, el aumento del mal humor social como consecuencia de la inflación, los tarifazos y el incremento del temor a los despidos se mezclaba con versiones de intentos de desestabilización del Gobierno por parte de grupos kirchneristas que podían alentar rebeliones en territorios bonaerenses y saqueos de comercios.

No pareció casual que, en esas horas, el Poder Ejecutivo decidiera hacer público, finalmente, el documento "El estado del Estado". Es que en el macrismo hay plena conciencia de que buena parte del respaldo al actual gobierno sigue estando asociada al rechazo y al hartazgo que despierta el kirchnerismo y al temor de que pueda volver. El citado documento, de 223 páginas, es por momentos desgarrador acerca del saqueo de los fondos públicos durante los últimos 12 años. Sin embargo, su contenido pasó inadvertido para el gran público.

Todo indica que la sociedad debe ver montañas de dólares o de euros para tener una cabal dimensión de la corrupción que dominó al país en los últimos años. La cinematográfica aparición de José López, el secretario de Obras Públicas de los sucesivos gobiernos kirchneristas, que recibía órdenes de Julio De Vido, pero que tenía línea directa con Néstor y Cristina Kirchner, hizo docencia sobre la matriz del robo institucionalizado que caracterizó a la mal llamada "década ganada".

Inútilmente, algunos caracterizados voceros del kirchnerismo, como Luis DElía o Hebe de Bonafini, intentaron mostrar a José López como una simple oveja negra, como un traidor a la causa, como un personaje igualmente siniestro y excepcional dentro del proyecto nacional y popular. No dudaron en calificarlo como un ladrón. Ninguno se lamentó por haber tardado 12 años en descubrirlo. Es obvio que sabían desde hacía mucho tiempo la calaña del funcionario. El propio Sergio Schoklender, otrora socio de Bonafini, definía a López como "un petiso corrupto", tal como lo recordó ayer el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION pm.

La práctica de los retornos fue una condición general para prácticamente todos aquellos que quisieran hacer negocios con el Estado nacional durante el kirchnerismo, y particularmente cuando se trataba de obras públicas.

Los retornos no se limitaban a las empresas de Lázaro Báez. Ni terminaron exclusivamente en los bolsillos de López, como aquellos decadentes voceros del kirchnerismo nos pretenden hacer creer, sino que se canalizaron hacia quienes inspiraron este modelo de corrupción sistémica.

Tal vez esto explique que algunos sectores, tanto políticos como empresariales, exhiban preocupación ante la idea de un mani pulite extendido, que se sustente en una ley del arrepentido para casos de corrupción en la función pública, más allá del lavado de dinero, delito para el cual sí existe ya esa figura.

La ampliación de la ley del arrepentido es resistida entre empresarios vinculados a la obra pública y despierta dudas en el gobierno de Macri, probablemente por temor a que el malestar que pueda esa norma generar en el peronismo complique la gobernabilidad. En las últimas horas, sin embargo, el Presidente aclaró que ese proyecto ha sido una promesa de campaña y que nunca ha dejado de impulsarlo.

Tras el escándalo en el convento de General Rodríguez, el peronismo ha acelerado el proceso de deskirchnerización. El proyectado relato K del "frente ciudadano contra la miseria planificada", quizás uno de los últimos estertores de Cristina, sucumbe ante el robo planificado desde el poder kirchnerista.