Cualquiera que sea el mérito de la decisión judicial que confirmó el procesamiento de Macri, debe respetársela cabalmente. Supone la probabilidad de que el jefe de gobierno haya cometido, según los jueces, un delito muy grave.
Si bien no puede descartarse, por sus antecedentes, que el gobierno nacional tenga algo que ver con el asunto, no puede admitirse seriamente una defensa basada exclusivamente en esa presunción, sin elementos concretos que la sustenten.
Dado que no es posible dilucidar rápidamente los hechos en sede judicial y que tampoco puede tolerarse, de modo silente, que subsista tan seria sospecha sobre el jefe de gobierno, el esclarecimiento de los sucesos por la Legislatura aparece como una exigencia ineludible.
La vía del "autojuicio" es heterodoxa. El juicio político sólo debería iniciarse en casos extremos, por la inestabilidad institucional que acarrea. No es, como el voto de censura en los regímenes parlamentaristas, un hecho natural dentro del sistema político, sino que resulta en alguna medida traumático, porque en el presidencialismo el titular del Poder Ejecutivo es elegido por la voluntad popular. El juicio político es un mecanismo de control al que sólo debe apelarse si median causas graves.
Además, no parece que Macri se esté imputando a sí mismo la comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones, sino que intenta emplear este mecanismo para obtener una suerte de voto de confianza, como interpretará el rechazo del juicio político si no se alcanzan en la Legislatura las severas mayorías necesarias para impulsar y resolver su destitución.
Ahora bien, enredarse en una discusión acerca de si corresponde uno u otro procedimiento podría resultar engorroso, largo y frustrante. Asumida la decisión del macrismo de promover el juicio político, razones prácticas aconsejan no obstaculizar esa vía, que no es la ideal, pero tampoco es inconstitucional. Por un camino o por otro, lo importante es generar un ámbito para la dilucidación de la verdad.
Se alega que el oficialismo tiene mayoría para bloquear un resultado adverso. La objeción es retórica: hubiera contado con esa posibilidad en una comisión investigadora. El macrismo no podrá decidir, sin asumir un costo político de proporciones, de espaldas a lo que surja de la averiguación pública de los hechos.
Todo lo dicho supone una búsqueda sincera de la verdad. Cualquier manipulación que trasunte un montaje, un escenario prearmado, una farsa destinada sólo a conjurar los daños políticos del procesamiento producirá los efectos contrarios. Frustrará los reclamos de la sociedad y robustecerá las sospechas acerca de la conducta del jefe de gobierno.
Aun cuando pueda pensarse que estamos frente a una sobreactuación, una evaluación serena de los hechos indica que la decisión de promover un juicio político asume la gravedad de la imputación que efectuó la Justicia: ser miembro de una asociación ilícita destinada a efectuar escuchas ilegales, comprometiendo los recursos de la ciudad.
En términos institucionales, lo positivo es que el órgano constitucional y
políticamente habilitado para ello pueda decidir acerca de los hechos y, sobre
todo, que el pueblo de la ciudad pueda saber la verdad de lo que pasó, oculta
entre tantas acusaciones cruzadas, y formar su propio e inapelable juicio.
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