El próximo jueves van a jurar los famosos agrodiputados, que son once y que, al contrario de lo que hacen parecer su envase y etiqueta, no son ni serán un grupo compacto. Siete son radicales, uno es juecista, otra entró por la lista de Juan Schiaretti, otro es tan millonario que compró un partido, y una es de la Coalición Cívica. Pero eso no es todo: algunos de ellos impulsarán una ley de arrendamientos, otros la combatirán, un grupo trabaja con asesoramiento de una asociación esponsoreada por las grandes firmas del sector, otro propone el regreso del servicio militar obligatorio, y una de las dos mujeres no duda en declarar que es un desacierto que exista la Mesa de Enlace.
Los ex vicepresidentes de Federación Agraria Argentina (FAA), por ejemplo, prometen reflotar en la Cámara los distintos proyectos que presentó con poca suerte la entidad en los últimos años. Uno de ellos, el que más resistencias generará entre muchos de los legisladores hijos de la resolución 125 –incluso dentro del mismo bloque radical que ambos integrarán–, es la ley que regula los contratos rurales. “Con Pablo Orsolini estamos trabajando en el proyecto que limita la compra de tierras a capitales extranjeros y vamos a reimpulsar la ley de arrendamientos de FAA”, admitió Ulises Forte.
Forte también consideró que es muy probable que deje de existir el interbloque que hoy agrupa a la oposición en la Comisión de Agricultura. “Si la comisión funciona bien, dejará de tener sentido”, analizó.
El correntino Lucio Aspiazu, por su parte, a pesar de formar parte de los diputados que llegaron de la mano del gobernador electo de Corrientes, Ricardo Colombi –que aún le debe algunas explicaciones a la UCR–, aseguró que se comportará como un radical. Y subrayó que los radicales ya empezaron a trabajar asesorados por AACREA, una asociación que agrupa a empresarios del sector, que produce trabajos técnicos desde hace cincuenta años y en la que hacen sus respectivos depósitos buena parte de las grandes empresas del agro business. “Cuando terminemos el proyecto, que es un plan de mediano plazo para el sector, se lo vamos a mostrar a la Mesa de Enlace y luego a los referentes de otros bloques. Queremos que sea un proyecto de todos”, se entusiasmó el ganadero.
Pero entre los agrodiputados ni siquiera hay acuerdo sobre la comisión que reúne a los presidentes de las entidades agropecuarias. Estela Garnero, de la FAA de Río Cuarto, Córdoba, que aterrizará en el Congreso gracias a la propuesta que le hizo el gobernador de su provincia, le dijo a este diario que “es un desacierto que exista la Mesa de Enlace, deberíamos estar cada maestrito con su librito. Sólo sobrevive porque el Gobierno no da soluciones”. Y además rechaza la idea de legisladores corporativos. “La problemática ya no es sólo agropecuaria sino social. Tenemos que ser abarcativos y no sectarios”, propuso.
“Vamos a tener diferencias, sí”, reconoce también el formoseño Ricardo Buryaille. “Hay temas en los que no estamos de acuerdo; yo creo que la gente no quiere la ley de arrendamientos”, agregó. El ex vice CRA mencionó que tiene muchas coincidencias con dos de los entrerrianos (los radicales Jorge Chemes y Atilio Benedetti; la restante es Hilma Re de Sociedad Rural y de la Coalición Cívica) y con el hijo del rey de la soja, Alfredo Olmedo.
La de Buryaille debe ser una de las pocas simpatías confesas que cosecha Cepillo o Junior, el salteño Olmedo, que adquirió un sello partidario y llegó a la Cámara baja a fuerza de sorteos de autos, motos, casas prefabricadas y la propuesta de volver a instalar el servicio militar obligatorio.
