
A partir del conflicto por la resolución 125 , los pooles de siembra y fideicomisos agropecuarios pasaron a ocupar un lugar en la agenda pública que antes sólo estaba limitado a determinados sectores vinculados con la actividad.
Los discursos oficiales demonizando a esos grupos –sumado a algunos sectores gremiales del agro que acompañaron esa descripción atribuyéndole rentas extraordinarias, especulación y los mayores males a los que deben enfrentarse los pequeños productores argentinos–, hicieron que de la noche a la mañana los fondos de inversión tuvieran una imagen desdibujada y hostil.
Ahora, con los números de la campaña pasada en la mano, complementados por una de las sequías más feroces y reglas de juego sobre las exportaciones que siguen cuestionadas, la realidad por la que atraviesan estos grupos no es tan diferente a la del resto de los productores.
Quebrantos. Que la campaña anterior fue a pérdidas, no caben dudas. Así lo demuestran los números de los principales jugadores como Los Grobo o el Tejar, que acusan disminuciones en sus balances preliminares de 280 dólares por hectárea en promedio para la campaña 2008/2009. En Córdoba, esos números no son tan negativos y sirvieron para compensar las pérdidas en otras regiones.
Algo similar sucede con los pooles de siembra más chicos (en promedio 30.000 hectáreas trabajadas), donde las pérdidas oscilan los 100 dólares por hectárea, según sea la diversificación de campos arrendados.
En esto mucho tuvo que ver la "espalda" financiera que tuvo cada uno para no vender la soja a 750 pesos la tonelada o el girasol a 650 pesos y aguantarlos hasta que los precios volvieron a ser tentadores.
La sequía y el cambio de reglas de juego justo en el momento de implantación de la gruesa (retenciones e imposibilidad de calzar operaciones a futuro) fueron los mayores detonantes para que los números queden en rojo.
Al que le fue mal productivamente, los números no le cerraron y a los que les fue bien y no tuvieron respaldo financiero, tuvieron que vender a precios inferiores, con lo cual la ecuación fue la misma. De 800 a 1.040 pesos para la soja hay una diferencia de 30 por ciento, lo que equipara la situación para aquellos que lograron rindes de 21 quintales pero vendieron a 1.040 pesos con los que obtuvieron 30 quintales pero vendieron a 750 pesos la tonelada.
Renegociación de alquileres. El resultado de esta situación fue la falta de capital de trabajo para la próxima campaña. En un negocio en el cual el 75 por ciento de lo que se invierte inicialmente iba destinado a los alquileres, obviamente la variable a considerar para este año son los arrendamientos.
Daniel Rivilli, presidente del fideicomiso Marca Líquida Agropecuaria (35 mil hectáreas), sostiene que en la campañas anteriores la variable de ajuste era la rentabilidad, porque los precios pagados por quedarse con un campo eran fijos y se terminaba convalidando cualquier cosa. Hoy la situación cambió y la "x" en la ecuación son los alquileres a pagar.
"Si tenemos que devolver campos, no nos tiembla la pera. Antes era como donar un riñón", enfatiza Rivilli.
En la misma línea, Marcos Farré, administrador del fideicomiso La Sofía (10 mil hectáreas) sostiene que, como nunca, la oferta de campos es inaudita. Esto se debe –afirma– a que los productores salieron a especular ante las propuestas de renegociación de contratos. La mayoría vuelve con los inquilinos de antes, agrega Farré.
Este incremento en la oferta, según Rivilli, se debe a que muchos productores chicos y medianos con cierto capital, conocimientos y maquinaria, que sembraban "en lo del vecino", se achicaron ante los números magros de la campaña anterior.
Parece que aquellos que se endeudaron con agroquímicos, el banco o contratistas, primero cumplirán con sus compromisos. El resultado es el achicamiento.
Marcos Rodrigué, presidente del fideicomiso La Redención-Sofro e intendente de Inriville, (46.000 hectáreas) agrega que, además de los quebrantos, cuando los bancos tienen que prestar dinero para la nueva campaña, miran la foto de lo que sucedió y no financian lo que viene, lo que obliga inevitablemente a renegociar los alquileres si se quiere permanecer en el sistema.
Creatividad. A la hora de fijar los nuevos arrendamientos, la situación es muy diferente según la zona.
En el norte del país, los pisos son muy bajos, pero con participación en los márgenes netos. Otros utilizan una tablita que va atada al precio y el rendimiento. Hasta el momento, en aquella zona, los precios han disminuido casi un 40 por ciento y sobran campos para alquilar.
En la zona núcleo, esa disminución escila entre el 15 y el 20 por ciento, pero con alternativas más diversificadas. Por ejemplo, hay pooles que, en casos extremos, no están dispuestos a pagar más del 30 ó 35 por ciento de la producción potencial del lote y sólo adelantarán el 30 por ciento de ese valor.
Para los anticipos, en todos los casos se lo hace en dólares a cuenta y no en quintales fijos. Al no estar claro el tema de los negocios en el mercado de futuros, si se pactan por ejemplo nueve quintales, se adelantan dólares y cuando se cosecha, se descuenta lo adelantado a tasa cero. En otros casos, hasta se le cobra una tasa por el adelanto del dinero.
El otro modelo es ajustar a producción. Como hay propietarios que han empezado a volver a los campos y plantean que pueden participar del control de la cosecha, el pool garantiza un piso del 30 por ciento del rendimiento potencial, pero se le ajusta al 35 por ciento del rendimiento real. Por ejemplo, se pactan siete quintales, pase lo que pase, pero ajustado al 35 por ciento. Esto quiere decir que si en la cosecha se alcanza un rendimiento 35 quintales, al productor le queda el dinero por 11 quintales. El dueño asume así una parte del riesgo.
El tercer modelo es el 45 por ciento de mercadería todo a cosecha. Allí, el dueño del campo asume el riesgo igual que el pool. Este modelo es para gente que se mantuvo integrada a su producción, que tiene hacienda, nunca dejó la actividad y buscó diversificar el riesgo alquilando una parte y el control de la producción no es una carga.
Para quienes no son del sector y no quieren participar del proceso, lo que se ofrece fijo es inferior.
Desde la consultora De la Vega & Asociados, de Bell Ville, opinan que la mayoría de los grupos de inversión están firmando contratos accidentales previstos en la ley 13.246. En la provincia de Córdoba, la mayoría de los contratos serán a porcentaje y nada a quintales fijos.