En una reciente decisión que ha suscitado tanto apoyo como controversia, el Gobierno de México ha dejado en suspenso la fecha para la prohibición del uso de glifosato en la agricultura, un herbicida ampliamente discutido por sus efectos en la salud y el medio ambiente. La medida llega tras reconocer la ausencia de un herbicida sustituto adecuado que garantice la seguridad agroalimentaria del país.

La prohibición, inicialmente prevista para entrar en vigor el 31 de marzo de 2024, fue anunciada en un decreto presidencial por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en febrero de 2023. Sin embargo, a escasos días de la fecha límite, el gobierno emitió un comunicado el 26 de marzo, posponiendo indefinidamente esta medida. Según el comunicado, se permitirá continuar con el uso de glifosato "hasta contar con alternativas" que no comprometan la producción agrícola nacional.

El Consejo Nacional Agropecuario ha expresado su apoyo a la decisión gubernamental, destacando la importancia de encontrar soluciones técnica, científica y económicamente viables antes de proceder con la prohibición.

Esta postergación señala una pausa en el compromiso de AMLO de avanzar hacia una agricultura más sostenible y saludable, reflejando los desafíos para "rescatar" al campo mexicano y alcanzar la soberanía alimentaria prometida. La dependencia del glifosato, descrito por AMLO como dañino para la salud, subraya la complejidad de modificar prácticas agrícolas arraigadas y la búsqueda de un equilibrio entre salud, producción y sostenibilidad ambiental.

El Gobierno de AMLO asegura que continúa trabajando en encontrar alternativas viables, en colaboración con Cofepris, Sader, Semarnat, y otras dependencias, para eventualmente cumplir con el objetivo de eliminar el uso de glifosato sin comprometer la productividad agrícola. Mientras tanto, el debate sobre el glifosato se intensifica, con voces como la de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País exigiendo no retroceder en la prohibición, contrastando con la reciente decisión de la Comisión Europea de extender el uso del glifosato por 10 años más, una medida que ha generado una fuerte oposición de grupos ambientalistas.