Me ocuparé del caso menos ruidoso. Aunque, de distinto modo, ambos le dan la razón a los que dicen que todos están ahí por la plata. La procuradora Alejandra Gils Carbó liberó a su rehén sólo cuando se aseguró el pago del rescate, que cobrará en cómodas cuotas y de por vida: una jubilación de más de 300.000 pesos. La resistencia de la militante que se había infiltrado en la Justicia para democratizarla según los principios de la revolución nacional y popular tenía un precio: bajó las armas cuando el Gobierno le confirmó que su partida del Ministerio Público Fiscal la habilitaba para cobrar, sin tener la edad mínima, sólo un poco menos de lo que cobra en el cargo. Aprovechó así un beneficio del que gozan los procuradores y los miembros de la Corte de dilatada trayectoria. Todo salió en 24 horas. Trámite exprés, como dijo Ricardo Roa en Clarín.

Hacía rato que el Gobierno le pedía que se entregara. Pero ella resistía y aplicaba el poder de daño que conservaba, siempre en nombre de la causa y con una sonrisa de suficiencia acaso nacida de la jerarquía del cargo. Tras las elecciones, el Gobierno la tuvo rodeada. Peor aún, la causa nac & pop por la que se mantenía allí, en territorio enemigo, se evaporó. Se habrá sentido sola, como aquel soldado japonés que, perdido en la selva, siguió peleando una guerra que sólo existía en su mente. Habrá visto también cómo en estos días su jefa le soltaba la mano a otro soldado importante, que tras manejar sumas de dinero inimaginables desde un ministerio hecho a su medida hoy duerme en el frío de una celda, y todo por haber cumplido órdenes, como él mismo dijo.

No es raro que en tales circunstancias la procuradora se haya sentido inclinada a renunciar. ¿De qué vale tanto sacrificio?, se hubiera preguntado cualquiera en su lugar. La inquietud de la funcionaria fue más prosaica: cuánto vale el sacrificio. Además de la jubilación que le permitirá disfrutar de esa holgada suma mensual por los servicios prestados, el paquete de rescate incluyó la posibilidad de encabezar una reunión de procuradores de la región que se hará en Buenos Aires y de visitar, en funciones, una vez más al Papa en Roma, para terminar la faena no sólo con la jubilación en el bolsillo, sino también con una merecida bendición. Quieren la plata, pero también el honor.

En términos estratégicos, el Gobierno obtuvo un triunfo. Para los que lidian con cuestiones de Estado, remover el escollo de Gils Carbó bien vale una misa -con el Papa incluido, cómo no- y una jubilación a la que accede por haberse retirado por la alfombra roja. Disculpen mi inocencia, pero me resulta un precio incómodo. Y un tanto excesivo, si recordamos que la procuradora hizo lo contrario de lo que se espera de quien ejerce ese cargo. En lugar de perseguir la corrupción, la amparó. Fue además fundadora de Justicia Legítima, una organización cuyos miembros fallan no según su apreciación de los hechos, sino de forma automática sobre la base de una posición ideológica previa. Sólo en la justicia argentina puede imaginarse un fenómeno semejante. Y sólo aquí la procuradora saliente, procesada además por la compra irregular del nuevo edificio de la Procuración, podría haber durado en el cargo lo que duró y retirarse con el premio jubilatorio.

Es mucho. Sobre todo cuando Macri dice que hay que acabar con las jubilaciones de privilegio. Y cuando el Gobierno, fortalecido, intenta que los distintos sectores cedan un mango para que el país vuelva a ser viable. En ese "todos ponen" al que el Presidente convocó el lunes, los políticos y funcionarios deberían ser los primeros, seguidos de los empresarios y los gremialistas. Es la clase política la responsable del crecimiento del déficit a niveles insostenibles a lo largo y ancho del país, por acomodar dentro del Estado a parientes, amigos y amigos de amigos al calor del clientelismo y el ejercicio irresponsable del poder.

Este gobierno busca racionalizar y poner en caja el desmadre que recibió, y está muy bien, porque es una tarea indispensable. Pero en medio de ese trance, cuando de algún modo nos van a tocar el bolsillo, y con los actuales niveles de pobreza, ¿por qué no evitar la imagen de una procuradora que impidió investigar lo que debía investigar pasando a vivir las mieles de un retiro privilegiado que se costea con el dinero de todos? Ahora militará en el mismo club que, por ejemplo, un Oyarbide. Una injusticia, en el caso de dos que tuvieron un modo muy particular de ejercer la justicia. Boudou, en cambio, se integra a un nutrido club que cada vez suma más socios.