El aporte mensual permanente que realiza la industria láctea al gremio
Atilra, el punto que trabó el acuerdo para que el Gobierno libere los $
450 millones del Fondear para SanCor, fue creado en 2009.
En ese momento se trató de un convenio entre Atilra, el Centro de la
Industria Lechera (CIL), la cámara que agrupa a las principales
empresas, SanCor y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche. Y
fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Entre otros puntos, en esa oportunidad se argumentó el aporte "con la
finalidad de contribuir a las funciones y actividades de carácter
solidario que lleva a cabo la entidad sindical". Y para eso se fijó un
valor de $ 417 por mes y por trabajador del sector.
El Gobierno condiciona una ayuda a SanCor a que se reduzca el aporte de
la industria láctea a Atilra.
Para llegar hasta ese monto se había determinado una escala progresiva,
"comenzando en el mes de abril de 2009 con la suma de $ 100". Hoy esa
contribución por empleado es de $ 3300.
Según lo pactado en 2009, los valores "serán ajustados en la exacta
proporción en que se modifiquen los salarios básicos de los
trabajadores de la industria lechera de la República Argentina". Allí
se indicó que "cada empleador deberá depositar el importe de dinero que
resulte vigente a cada mes de devengamiento, debidamente actualizado".
El plazo de pago se estableció hasta el 15 de cada mes y se indicó que
"el incumplimiento de esta obligación de contribución, habilitará la
utilización de la vía judicial de reclamo, y el cargo de los intereses
aplicables."
En el último tiempo, unas 59 pymes lácteas fueron a la Justicia contra
ese aporte, porque lo consideran inconstitucional. Basan su
argumentación en una prohibición de la ley de asociaciones
profesionales. Para el gremio, el aporte permanente llegó a significar
unos 700 millones al año, cifra hoy más baja porque muchas empresas
dejaron de pagarlo. Según estimaciones privadas, la industria en
general le adeudaría al sindicato unos $ 1000 millones por ese aporte.