¿El actual Presidente está haciendo lo mismo? La mesa chica de Macri, incluido su asesor, Jaime Durán Barba, le sugieren que lo mejor que le puede pasar es que Cristina Fernández se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires para dividir el voto del peronismo y favorecer a Cambiemos, cuyo postulante podría ser cualquiera, porque, para ganar, le bastaría con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Ninguno de ellos lo dice en voz alta, pero se cae de maduro que para que Cristina sea candidata, las causas judiciales que involucran deberían amainar. Es decir: disminuir el ritmo de la investigación o ser cajoneadas.

Pero sucede que por lo menos tres de esos expedientes son tan explosivos que generarían más ruido su demora o su desaparición que su continuidad. Uno, sin dudas, es el de la obra pública de Vialidad, por el que se tiene que presentar a prestar declaración indagatoria hoy a las 10 de la mañana. Las pruebas que consiguieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques son contundentes. Demostraron que Néstor montó una organización criminal con premeditación. Que designó al empleado de banco y monotributista Lázaro Báez su principal gestor. Que metió mano en el Presupuesto y en fondos especiales sin auditoría para favorecerlo.

Que su mujer continuó la operación maestra y que para eso dejó en su cargo a la veintena de funcionarios que sabían donde estaba la botonera. Que como consecuencia de la sustracción de fondos públicos y entrega direccionada de obras a las que no controlaron pero sí pagaron antes de ser terminadas, tanto Néstor como Cristina recibieron propiedades y millones de pesos con diferentes procedimientos. Y no solo los fiscales están convencidos. También lo está el juez Julián Ercolini. De otra forma, no la habría citado a indagatoria. El magistrado tiene fama de parsimonioso y puntilloso. Todavía tramita la causa por asociación ilícita que la diputada Elisa Carrió y otros legisladores de la Coalición Cívica presentaron en 2008.

Sin embargo, no la cerró. Es el mismo juez que le puso la firma a la detención efectiva del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, coimero confeso y pieza clave en el entramado de corrupción de los gobiernos kirchneristas. Macri, antes que calibrar el ritmo de las causas de la ex Presidenta, o de alentar a competir a Florencio Randazzo, debería ocuparse de implementar políticas efectivas para mitigar la pobreza y la inseguridad en el conurbano y en el resto del país. Está claro que no es su responsabilidad el exponencial crecimiento del narcotráfico, el juego, la pobreza y la brutal baja de la calidad de la educación de los últimos años.

Pero sus asesores más serios le deberían avisar que pronto se cumplirá un año de gobierno y que ya perdió la oportunidad única de separar la herencia del actual estado de situación. Eso es algo que todavía lamenta, igual que la demora en la baja de la inflación. Es que las encuestas de enero le decían que no era conveniente mirar para atrás. Que la memoria de lo hecho generaría mala onda. Y que la mala onda retrasaría la expectativa de crecimiento. Fue un gran regalo político: a pedir de boca de Cristina Fernández y los chicos de La Cámpora. Al Presidente le costó entender durante varios meses, porqué la agenda pública le obligaba a responder sobre despidos, devaluación y ajustes, si lo que había recibido era una bomba de tiempo a punto de explotar, y de una potencia inusitada. Ercolini le juró a un amigo, la semana pasada, que nadie de la administración nacional lo llamó para que apure o demore el expediente.

Después de la ex jefa de Estado, le tomará declaración indagatoria a diecisiete ex funcionarios más, incluidos Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Néstor Periotti, ex responsable de Vialidad y Santiago Carlos Kirchner, el primo hermano de Néstor que está al tanto de todos los detalles del sistema operativo y de reparto. Después, los fiscales pedirán el procesamiento de casi todos. Y el juez deberá decidir.

Si el procedimiento no se demora mucho, Cristina Fernández recibirá una muy mala noticia en las vísperas de Navidad y Año Nuevo. Se le comunicará su procesamiento pero no en una causa discutida como su decisión de autorizar la compra de dólar futuro a un precio inconveniente. Se la considerará jefa de una organización criminal armada para robarle dinero al estado, trasladarlo a un empresario inescrupuloso amigo y recibirlo después en forma ilícita. ¿Qué tipo de mensaje le daría a la sociedad el Presidente si alguien detecta que una mano invisible del gobierno pide clemencia para una presunta delincuente que usó su cargo para robar?

Dicen que Macri está enojado con Sergio Massa porque rompió un acuerdo parlamentario y un poco menos con Elisa Carrió, porque le puso trabas al proyecto que buscaba quitarle poder a la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó de una manera que parecía un parche. Pero si el jefe de Estado quiere un cambio en serio, una transformación cultural que atraviese su gestión y su mandato ¿no sería mejor, en vez de mirar encuestas de opinión, que siguiera adelante con los asuntos sobre los que está convencido? Macri sabe que Cristina y sus ministros robaron. Y que además de robar, fueron ineficientes. El jefe de Estado está seguro que esa doble condición sumergió a la Argentina en la decadencia.

Hace más de un mes, Macri recibió en Olivos a Daniel Scioli. El ex gobernador quería saber quién estaba detrás de las denuncias en su contra. El Presidente le juró que él no las alentaba. Y le aclaró que esa no era su manera de hacer política. Scioli recordó los años de amistad que compartieron. Y le aseguró que las denuncias eran parte de una conspiración para que no se presentara como candidato. El ex candidato a Presidente estuvo a punto de convencerlo. Días después Macri escuchó la versión de Carrió y ya no pareció tan convencido.

Ahora, la mesa chica de Olivos especula con que Scioli pueda entregar a su ex jefe de gabinete, Alberto Pérez, a quien el fiscal Alvaro Garganta acaba de citar a indagatoria. Pero Macri no debería especular con el resultado de las elecciones del año que viene para ordenar, a todos los organismos del Estado, que entreguen a la justicia información sensible. Perjudique a quien perjudique. Caiga quien caiga. Aunque no favorezca su performance electoral.