Si le prestan $100 a éstas, deberán guardar $6 como reserva de capital; si le prestan al gobierno, nada. Así será a partir de enero, gracias a una nueva genialidad del Banco Central (BCRA) y de su directorio diezmado y mayoritariamente a tiro de decreto.
Se derriba así uno de los pilares de la refundación normativa que implementamos desde el BCRA en 2003 y que permitió el retorno del crédito al sector privado, un ingrediente esencial para la fuerte recuperación económica posterior.
Por lo visto, las prioridades han cambiado. La reciente medida del BCRA retoma el modelo noventista y pro Basilea, ignorando las raíces de nuestra crisis bancaria del 2001. Igual que entonces, el dólar barato ahoga la economía y, por lo tanto, las finanzas públicas, nacionales y provinciales. Tampoco hay hoy acceso al crédito internacional.
Financiémonos con los depósitos bancarios, aún a expensas del crédito a las empresas y familias grita hoy el kirchnerismo, como lo hacía el menemismo en los 90. La experiencia del 2001 nos enseña que cuando el sector público avanza sobre la capacidad prestable de los bancos, primero las pymes se quedan sin crédito, después los bancos sin liquidez y por último los ahorristas reciben bonos del Gobierno a cambio de sus depósitos.
Ya no alcanza con la emisión y el impuesto inflacionario: ¡cada vez más corto plazo y cada vez menos largo plazo! Otra vez la primacía de la caja del gobierno por sobre el financiamiento a la inversión productiva. Una prueba más de un relato que cruje y que, más que por parches, clama ser reemplazado por un verdadero plan de desarrollo.
